Santander (EFE).- El PRC ha presentado una demanda de conciliación de 3.000 euros contra las personas físicas y jurídicas que en febrero difundieron “falsas acusaciones” contra varios cargos públicos y familiares sobre su vinculación con las empresas investigadas en la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos de obras en carreteras.
“Esta acción legal pretende que quienes propagaron tales imputaciones infundadas se retracten, pidan disculpas y asuman una indemnización económica destinada a una entidad benéfica”, ha expresado el partido en un comunicado, en el que ha recordado que esa presunta trama “está protagonizada por un funcionario” sin vinculación con el PRC.
El PRC ha aportado documentación que acredita que las viviendas de la consejera de Presidencia, Paula Fernández, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, no fueron construidas por ninguna de las empresas investigadas, tal y como se insinuó en redes sociales.
Según ha explicado el partido, la vivienda de Fernández fue promovida por otra empresa años antes de que una de las implicadas instalara sus oficinas en uno de los bajos del inmueble “sin haber participado en la construcción”, ni haber tenido “ninguna relación ni comercial, ni de otro tipo” con la titular de Presidencia.
Del mismo modo y en relación con López Estrada, la demanda señala que tampoco “ha contratado nunca” a esa misma empresa, ya que su vivienda fue promovida por otra diferente.
Asimismo, clarifica que la hija de Revilla, aludida en la “campaña de difamación” difundida en las redes sociales, “nunca ha prestado servicio alguno” a esa empresa.
A favor de una entidad benéfica
A la vista de toda la documentación aportada, el Partido Regionalista instará a cuantos difundieron “falsedades con el propósito de desacreditar a sus cargos públicos” a que justifiquen sus motivos y las fuentes de información en las que basaron sus afirmaciones.
Se les brindará la oportunidad de retractarse, además de reclamar una indemnización económica de 3.000 euros (1.000 por cada una de las personas difamadas) a favor de una entidad benéfica.
En el caso de no prosperar la conciliación, el PRC advierte que adoptará las acciones legales que correspondan.
“Las calumnias no pueden quedar impunes”, dice Revilla
El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho sobre la demanda que las calumnias y los infundios “no pueden quedar impunes” y que los tribunales tendrán que intervenir si quienes los lanzan no rectifican.
“No podemos estar aquí en el foco de la ira de tanta persona desalmada que no tiene ningún escrúpulo en calumniar ni en decir infundios sobre las personas”, ha afirmado el presidente, a preguntas de los periodistas.
Revilla ha defendido que en política se puede discrepar pero “no caer en una situación de insultos y de lanzar medidas que luego se trasladan en las redes de unos a otros”. “Y si no sales a replicarlo se piensa la gente que es verdad”, ha añadido.
“Eso no puede quedar impune porque si no vamos a entrar en una sociedad terrible y yo estoy viendo que hay en algunos una crispación y una violencia verbal que no he visto antes”, ha lamentado.
Revilla considera que ahora existe “una especie de impunidad” con las redes sociales, y ha señalado que algunas persona han tratado de involucrar a su gobierno en la supuesta trama, cuando “se ha probado que no tiene a ninguna persona que tenga el más mínimo atisbo de haber colaborado con este depredador de lo publico”, ha añadido, aludiendo así al funcionario encarcelado.
