Santander (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha comprometido a dar una solución esta legislatura a los propietarios de las 511 viviendas con sentencia de derribo.
La prioridad será regularizar su situación. Y donde no sea posible, derribar las viviendas y compensar con una nueva o con una indemnización.
“Los afectados por los derribos no son un problema más, son una prioridad. Somos conscientes de su angustiosa situación”, ha afirmado la presidenta.
Lo ha asegurado tras reunirse con la Asociación de Afectados por la Administración (AMA), que representa desde hace casi 30 años a las familias perjudicadas por las sentencias de derribo.
El Gobierno de Cantabria tiene “una radiografía” de la situación de estas viviendas, que se localizan en Argoños (255), Arnuero (144), Escalante (32) y Piélagos (80) . Y también “de la posible solución”, según la presidenta, que ha detallado los pasos que se han dado en cada uno de los municipios.
La reestructuración del Gobierno pretende ser ya “una primera medida” para revertir la inercia de los últimos años en la Administración.
El titular de Fomento, Roberto Media, ha asumido en su departamento las competencias de Urbanismo y Medio Ambiente, antes repartidas en dos consejerías.
El noveno consejero
Media es, como ha recordado el presidente de AMA, Antonio Vilela, el noveno consejero con el que se reúne la asociación para tratar de buscar una solución a un problema que arrastra Cantabria desde hace casi tres décadas. Y todas las legislaturas, ha añadido, empiezan con “mucha esperanza”.
“Para nosotros es muy importante que se dé un impulso político para acabar con la deuda histórica con los afectados”, ha dicho Vilela. Y Ha recordado que 217 familias “han perdido a alguno de sus miembros en el camino, buscando que la administración repare el daño”.
El presidente de AMA ha remarcado que la condenada en las sentencias por los tribunales es la administración, que debe reparar los daños, morales y materiales, de sus decisiones.
Vilela, que tenia 39 años cuando empezó a luchar por los afectados y ya ha cumplido los 64, ha pedido al Gobierno “celeridad en la toma de decisiones”.
Según la presidenta, en los veinte días que han pasado desde la toma de posesión del nuevo consejero, ya se han dado pasos “importantes”.
Escalante
En Escalante se ha firmado el contrato de opción de compra sobre una finca urbana que se va a destinar a la construcción de 15 viviendas de sustitución, cuyo coste es de 300.000 euros.
Son para los propietarios del edificio Las Torres, con sentencia firme de demolición de 32 viviendas. Otros doce han optado por una indemnización.
Ya está en macha el proceso para licitar el proyecto con la previsión de que las obras de construcción puedan arrancar en 2024. El presupuesto es de unos 2,3 millones y el plazo de ejecución de 16 meses, que se tratará de acortar “el máximo posible”.
Argoños
La aprobación del nuevo Plan General de Argoños ha posibilitado dar nuevas licencias y presentar incidentes de inejecución de sentencia para 181 viviendas. El último ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia el 24 de julio, para las 84 casas de La Llana 1.
Hasta que no se pronuncien los tribunales, no se sabrá cuántas de las 511 viviendas sentenciadas en Cantabria se podrán salvar finalmente de la piqueta, como ha señalado Media.
El Ayuntamiento de Argoños está trabajando para regularizar 5 1 viviendas, de las que es “responsable exclusivo”, ha explicado la presidenta, quien ha subrayado que cuenta con el apoyo del Gobierno porque va a “unir esfuerzos” con los municipios “para poner fin cuanto antes a esta injusta situación”.
Este mismo miércoles se licitará la construcción de tres viviendas de sustitución de la urbanización Las Llamas 1 para cumplir el acuerdo con sus propietarios. El presupuesto es de medio millón de euros con un plazo previsto de un año.
Arnuero
La presidenta ha explicado que en Arnuero “la situación ya estaba más adelantada”, pero el Gobierno ha tenido que “hacer frente a ciertos imprevistos”.
La semana pasada firmó la autorización para redactar el proyecto modificado necesario para poder continuar con las obras de las 62 viviendas de sustitución, por importe de 500.000 euros.
De esas viviendas, 53 están asignadas a los propietarios de La Arena y estarán finalizadas en 2024.
Piélagos
En Piélagos la solución a los afectados está pendiente de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya tramitación, según Buruaga, “se va a agilizar al máximo”.
La Consejería de Fomento recibió ayer, lunes, el documento, que podría facilitar la licencia para 63 viviendas.
