Brusela (EFE).- La consejera de la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha pedido ante el Comité Europeo de las Regiones (CdR) que los gobiernos autonómicos tengan la última palabra en la gestión del lobo, ante la escalada de ataques que, según ha denunciado, sufren las reses de ganadería extensiva.
Fernández ha instado al CdR a elaborar una resolución que fije que las regiones de la Unión Europea (UE) sean “las que decidan sobre qué medidas se permiten para garantizar la adecuada conservación del lobo y su perfecta coexistencia con la ganadería extensiva”.
La consejera cántabra ha defendido, en una reunión de trabajo del grupo liberal Renew, que este conflicto está “directamente relacionado con la correcta aplicación del principio de subsidiariedad”, ya que, en su opinión, las administraciones locales y regionales conocen mejor que los Estados “el alcance de la situación”.
DAÑOS A LA GANADERÍA
“Solo a nivel local somos conscientes del sufrimiento de nuestros ganaderos y del impacto que los ataques de los grandes carnívoros tienen sobre el desarrollo de su actividad y sobre el futuro de nuestras zonas rurales”, ha aseverado.
Actualmente, el lobo es una especie protegida en España y en el conjunto de la UE en virtud de la Directiva de Hábitats, una norma que la semana pasada el pleno del Parlamento Europeo se abrió a reformar con el objetivo de proteger los intereses de los ganaderos, en la línea de lo que piden regiones como Cantabria.
“Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria son las cuatro comunidades que albergan la mayor parte de los ejemplares de lobo en España. Desde estas cuatro regiones, se viene reclamando a la Comisión Europea una solución para desbloquear la gestión del lobo”, ha remarcado Fernández.
Hasta el año pasado, las regiones al norte del Duero, como Cantabria, estaban exentas de realizar una estricta protección al lobo, pero el Gobierno central extendió en 2021 la conservación del lobo al conjunto del territorio, a ambas orillas del Duero.
