Toledo, (EFE).- La “guerra del agua” ha vuelto a abrirse paso en el debate político a cuenta del trasvase Tajo-Segura, por la aprobación del nuevo plan de cuenca del Tajo, otro episodio que se ha iniciado a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales y en un contexto de sequía que afecta a todo el país.
Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades involucradas en este asunto, que ha vuelto al foco de atención después de que el plan de cuenca del Tajo haya fijado por primera vez caudales ecológicos para este río, en cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo, de la Directiva Marco del Agua europea y de la Ley de Aguas.
En la práctica, esto se traduce en una reducción de las aportaciones del Tajo a la cuenca del Segura a través del canal del trasvase.
El caudal ecológico, hasta 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027
El texto en cuestión recoge que el Tajo debe tener un caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Comunidad de Madrid) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, mientras que en 2026 subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6.
Este punto de medición se sitúa aguas abajo de donde el acueducto recoge el agua para llevar a la cuenca del Segura, por lo que se deduce que si aguas abajo de la derivación debe haber más caudal, este no se podrá detraer aguas arriba en épocas de escasez, como la actual.
Las dos posiciones -a favor y en contra de trasvase- se defienden tanto en los mítines preelectorales como en los tribunales y, de hecho, todos los gobiernos de las comunidades autónomas implicadas han presentado los correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo defendiendo sus posturas, posicionándose a favor del real decreto en el caso de Castilla-La Mancha, o pidiendo su derogación y la suspensión inmediata de su aplicación, en el caso de las restantes.
Castilla-La Mancha, de la conservación del río al Plan Nacional del Agua
En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional del socialista Emiliano García-Page ha reclamado en reiteradas ocasiones que se reduzcan los trasvases para los regadíos del Levante en pos de la conservación medioambiental del Tajo y para dar prioridad a la cuenca cedente en el uso del agua, si bien se abre a la continuidad del trasvase para el consumo humano y, por lo tanto, este es el planteamiento que defiende el PSOE.
En cambio, el PP regional no se cierra a mantener las actuales aportaciones de agua al Levante y afea a los socialistas que no reclamen al Gobierno central un Plan Nacional del Agua, con el que buscan garantizar agua de calidad y en cantidad para todos los territorios.
Por su parte, Vox se muestra partidario de los trasvases y reclama la construcción de más embalses para garantizar el agua para agricultores y ganaderos, mientras que Ciudadanos pide respetar la normativa europea y que las decisiones sobre el agua se adopten con criterios técnicos.
Murcia, de la desalación como alternativa a cuestionar la calidad del agua desalada
Posturas similares se defienden en la Región de Murcia, donde la cuestión del trasvase es una de las tendencias en campaña electoral.
En esta ocasión, el PSOE murciano apoya la postura del Gobierno central y advierte del cambio climático que trae aparejada menos agua para el regadío, y al mismo tiempo trata de convencer al electorado de que la desalación es la solución a un menor envío de agua del Tajo.
Pero los populares están en contra de cambiar agua del trasvase por la desalada por el alto coste energético y la mala calidad de tales aguas.
Vox, que fue el partido más votado en las últimas elecciones generales en Murcia, es un defensor acérrimo de los trasvases e incluso el número 3 de su candidatura -que llega desde las filas del PP- desenterró la idea del trasvase del Ebro, lo que dejó a los populares descolocados.
Comunitat Valenciana: enfrentamiento entre la Generalitat y la Diputación de Alicante
En la Comunitat Valenciana, el aumento del caudal ecológico es uno de los centros de la batalla política entre la Generalitat del socialista Ximo Puig y la Diputación Provincial alicantina del popular Carlos Mazón, además rivales al Consell el 28 de mayo, ya que el segundo culpa al president de haberse plegado a los intereses castellanomanchegos y del Gobierno central con su abstención en la votación del Consejo Nacional del Agua.
Estas dos administraciones han recurrido, no obstante, ante el Tribunal Supremo el Plan del Tajo por ese incremento de caudales coincidiendo en que no responde a un criterio técnico y a que no mejora la situación del río más largo de la península Ibérica.
En el caso de la Generalitat de Puig, respaldada por nueve poblaciones alicantinas de signo socialista, se pide suspender cautelarmente los caudales ecológicos previstos a partir de 2026, y los populares calculan pérdidas de 85 millones de euros y poner en riesgo 2.400 empleos en la alicantina comarca de la Vega Baja.
Andalucía, recortes “arbitrarios” frente a obras en desaladoras
En Andalucía, la cuestión del trasvase cobra importancia en la provincia de Almería, ya que el agua del Tajo permite que se cultiven 23.000 hectáreas en los municipios de Vera, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora, y da abastecimiento a 150.000 almerienses.
Con estas cifras, la Junta de Andalucía y la consejera de Agua, la almeriense Carmen Crespo, del PP, hace bandera con la defensa de estas aportaciones hídricas y denuncia la “arbitrariedad” de su recorte.
Por su parte, los socialistas andaluces destacan que el Gobierno central cumple las sentencias del Supremo con el nuevo plan del Tajo y que, además, se está reparando la desaladora del Bajo Almanzora, rota desde 2012 por una inundación.
Con estos planteamientos y con una sequía que deja sedientos los campos y los embalses, los partidos librarán en las urnas una nueva batalla de la “guerra del agua”, en la que los ciudadanos decidirán con sus votos a los vencedores.
Por Cristina Serena Trujillo
