Ciudad Real (EFE).- Las principales ONG ambientales de España se han unido para pedir al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y a la Junta de Castilla-La Mancha la adopción urgente de un programa de actuaciones para salvar Las Tablas de Daimiel.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una propuesta marco de actuaciones para tratar de salvar este espacio protegido, que este miércoles 28 de junio, celebrará el 50 aniversario de la declaración como Parque Nacional.
Estas organizaciones han alertado de la “dramática situación” en la que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD), la “falta de soluciones eficaces” por parte de las distintas administraciones y la falta de acuerdo social sobre la necesidad de abordar un cambio en la gestión de los acuíferos sobreexplotados.
Por ello, han reclamado la puesta en marcha de un marco de actuaciones prioritarias, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como Doñana o el Mar Menor.
Para impulsar la puesta en marcha de este plan de emergencia, las organizaciones han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) un documento de propuestas con los elementos básicos y pasos a seguir para alcanzar los objetivos de conservación que establece la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Naturaleza de la Unión Europea.
Alertan del descenso en la biodiversidad por la desecación de las Tablas de Daimiel
Las asociaciones ecologistas han advertido de que la situación hidrológica del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel está ocasionando “uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009”.
Han recordado que en la actualidad, apenas 100 hectáreas de las 3.030 del parque nacional tienen algo de agua, y la fauna del humedal está prácticamente desaparecida.
Ello implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.
En este contexto, y a pesar de la “conocida influencia de los regadíos” en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, no se han tomado medidas eficaces ni siquiera para empezar a revertir la situación, han denunciado las ONG.
Se riegan 50.000 hectáreas sin derecho que consumen 92 hm3
En este sentido, han recordado que el nivel de extracciones ilegales sin derechos en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hm3.
Esta cantidad es cuatro veces la extracción de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional de Doñana o al Mar Menor.
Y está provocando un descenso de 2 metros anuales de los niveles de agua subterránea y un déficit continuado del acuífero que supera los 1.500 hm3.
Las principales organizaciones ecologistas han enviado al Miteco una propuesta de Marco de Actuaciones para las Tablas de Daimiel que, según han defendido, debería “ir bastante más allá de lo que ya está planteado” en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana.
Creen que no hay correspondencia entre los objetivos ambientales y las acciones a poner en práctica
Las organizaciones observan que no hay correspondencia entre los objetivos ambientales del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadiana, las acciones a poner en práctica y el calendario previsto para la consecución de tales objetivos.
Ello es debido, entre otras cosas, por la falta de “un decidido cambio” en la política de regadíos nacional y la política agraria de Castilla-La Mancha.
Las organizaciones han exigido un papel “relevante y coherente” al Gobierno de Castilla-La Mancha, para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales en el entorno de las Tablas de Daimiel utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural.
Las organizaciones ecologistas han celebrado que poco a poco se esté aumentando la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales.
Piden más contundencia para acabar con “la impunidad en el robo del agua”
Pero han reclamado mayor contundencia y más recursos para “terminar con la impunidad en el robo del agua”.
Así, han denunciado que desde 2018 apenas se han clausurado pozos en un 1,07 % de los expedientes sancionadores y que las superficies liberadas representan el 10% del total de superficie ilegal cuantificado por estudios independientes.
Por tanto, han advertido, la Confederación Hidrográfica del Guadiana debería reducir las dotaciones para el regadío mucho más de lo que ahora se hace en los Planes de Actuación de las Masas en riesgo de no alcanzar el buen estado.
