Toledo (EFE).- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de ley de Integridad que refuerza los controles para los altos cargos de la Administración regional y, entre otras novedades, introduce la obligación de que los altos cargos públicos firmen una declaración responsable de incompatibilidades.
El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha informado en rueda de prensa de la aprobación en Consejo de Gobierno de este proyecto de ley, que a continuación se remitirá a las Cortes regionales.
El objetivo es que pueda recibir la luz verde en el parlamento en este periodo de sesiones y Martínez Guijarro ha confiado en que pueda ser con el mayor consenso posible.
Según Martínez Guijarro, esta ley de integridad supone culminar el “entramado jurídico para garantizar la honestidad en la gestión pública”.
De hecho, ha recordado que en la primera Legislatura de Emiliano García-Page como presidente de Castilla-La Mancha, se aprobó la ley de Transparencia; en la segunda, la ley de participación ciudadana, y en esta tercera, la ley de integridad pública.
Entre las novedades de la norma, Martínez Guijarro ha destacado que se define “de una manera más clara” qué se entiende por alto cargo, es decir, quiénes son las personas que tienen la consideración de algo cargo o asimilado, entre los que se contarán a los miembros del Consejo de Gobierno, de todos los órganos directivos de asistencia de apoyo, de las viceconsejerías y de las direcciones generales, entre otros.
Declaración responsable de compatibilidades
Asimismo, la nueva ley establece la obligación de que cualquier persona que tome posesión como alto cargo firme una declaración responsable de compatibilidades y en la que se comprometa a dedicarse exclusivamente al cargo público.
Este documento será remitido a la Oficina de Integridad -que ya existe-, y que deberá comprobar en el plazo máximo de un mes que efectivamente no se han encontrado incompatibilidades para ejercer el cargo público.
Si esta declaración no se resuelve de forma favorable, la persona en cuestión deberá abandonar el cargo público.
Esta declaración se une a la que ya realizan los altos cargos de bienes, rentas y actividades, que serán comprobadas por la Oficina de Integridad.
Registro de bienes y registro de actividades
Martínez Guijarro ha explicado, además, que la nueva norma crea dos registros, uno de actividades y otro de bienes de los cargos públicos.
En este sentido, ha recordado que el patrimonio de los cargos públicos ya es público porque se publican todos los años las declaraciones de bienes y de la renta.
En cuanto al registro de actividades, también será público, para saber todas las actividades que ha desempeñado un cargo público.
Regulación del conflicto de interés
Así, ha resaltado que una de las grandes novedades de la ley de integridad es la regulación del conflicto de interés, ya que se determina que un cargo público debe abstenerse en una decisión o procedimiento administrativo cuando el interés general esté contrapuesto con algún tipo de interés privado o interés personal.
Además, tiene que comunicar la abstención al superior jerárquico y a la oficina de integridad, para que quede de manifiesto que esa persona se abstuvo de participar porque tenía interés particular.
Y otra de las novedades que introduce la ley es que cuando se convoquen elecciones autonómicas, la Oficina de Integridad llevará a cabo una comprobación de la diferencia del patrimonio de los miembros del Gobierno con respecto a cuando tomaron posesión como tales.
El objetivo es constatar que no ha habido un incremento patrimonial que no se corresponda con el sueldo recibido por el cargo.
Martínez Guijarro ha precisado que para los miembros del Consejo de Gobierno, esta comprobación será obligatoria y para el resto, voluntaria.
Evitar las puertas giratorias
Asimismo, y en la línea de evitar las puertas giratorias, la ley establece la obligación de comunicar en qué empresas establecerá una relación laboral una persona cuando deje de ser alto cargo, durante el plazo de dos años, para que la Oficina de Transparencia pueda comprobar que esa futura labor es compatible con su anterior responsabilidad.
La norma también introduce un régimen sancionador para las incompatibilidades, que va desde una amonestación hasta el cese e inhabilitación como cargo público, durante cuatro años, en el caso de faltas muy graves.
