Ciudad Real, 2 ago (EFE).- La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a seis personas e investigado a otras siete, miembros de una organización criminal, que habían empadronado de forma fraudulenta, desde octubre, a 59 inmigrantes en situación irregular en el municipio de Villarrubia de los Ojos.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los inmigrantes nunca llegaron a residir en los lugares en los que se empadronaron.
De hecho, esos lugares eran una nave industrial y una casa en estado de abandono que carecían de las condiciones mínimas de habitabilidad.
La organización captaba migrantes con la necesidad de regularizar su situación en España, que residían de forma irregular en otros puntos del territorio nacional e incluso en otros países de Europa.
A estas personas, a cambio de una prestación económica de unos 500 euros, les ofrecían tramitar de forma fraudulenta el empadronamiento.
La organización criminal pudo obtener hasta 30.000 euros de beneficio
Se calcula que la organización habría obtenido un beneficio de 30.000 euros aproximadamente.
La banda actuaba de dos maneras, en el primero de los casos, el líder de la organización criminal acompañaba personalmente a las víctimas a realizar el trámite, desplazándolos desde otras localidades con su propio vehículo.
En otros casos, el empadronamiento se realizaba sin que estuviesen presentes las personas que se empadronaban, ya que remitía al líder de la organización una fotografía de su pasaporte para que él se desplazase a realizar el trámite, o en su caso alguna persona de su entorno familiar mediante una autorización.
En determinadas ocasiones, las personas empadronadas también realizaban los trámites para solicitar la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social.
Los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio del cabecilla de la organización criminal, en la localidad de Villarrubia de los Ojos, donde estaba afincado.
La Guardia Civil intervino 2.350 euros en efectivo, documentación relativa a los empadronamientos fraudulentos, material informático y de telefonía, así como un vehículo.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Daimiel en coordinación con la Fiscalía Delegada de Extranjería en Ciudad Real.
