Un total de 23.000 personas se beneficiarán de las nuevas ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha

Toledo (EFE).- Un total de 23.000 personas se beneficiarán de la nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda para los años 2022 y 2023, para las que se dedica un presupuesto de 17,7 millones de euros, según ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión semanal.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, han informado este miércoles en rueda de prensa de los asuntos tratados por el gabinete, entre ellos esta convocatoria de ayudas que se podrán solicitar hasta el 2 de mayo del 2023.

En esta convocatoria de ayudas al alquiler, además del programa general, se recogen otros dos nuevos, por un lado, un programa destinado a aquellas personas que se encuentran atravesando un momento de dificultad económica sobrevenida; y, por otro, un programa dirigido a jóvenes menores de 35 años que viven en municipios menores de 10.000 habitantes.

El programa general contempla ayudas por valor del 50 por ciento de la renta del alquiler durante 24 meses sin que supere los 600 euros, ampliable a 900 para el caso de familias numerosas o de que existan personas con discapacidad.

El segundo programa, de ayudas a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, podrán llegar hasta el 100 por cien de la renta mensual de alquiler dependiendo de las circunstancias, y está dirigida a personas que hayan perdido el empleo, se encuentren en un ERTE o sean autónomos que han visto disminuidos drásticamente sus ingresos. 

El tercer programa específico de ayuda al alquiler está dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes, y se puede compatibilizar con la ayuda del Bono Alquiler Joven.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha informado de otro asunto del Consejo de Gobierno, la autorización del convenio entre la Administración General del Estado y la de Castilla-La Mancha para la aplicación de la ley de dependencia, por un importe de 64 millones de euros de los que cada administración aportará el 50 por ciento.

El objetivo del convenio es de reducir las listas de espera en la dependencia para mejorar la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo en las que están las personas del sistema y para mejorar la intensidad de los servicios y de las prestaciones.

Ha explicado que estos 64 millones duplican el importe del año pasado, cuando la cantidad establecida en este mismo convenio fue de 32,1 millones de euros, y ha recordado que desde 2012 y hasta 2020 no hubo financiación estatal para este convenio y fue ya en 2021 cuando se recuperó el Marco de Cooperación Administrativa. 

“Por tanto, el convenio supone mejorar sustancialmente la aportación del Estado a la financiación del Sistema de la Dependencia tal y como el Gobierno del presidente Emiliano García-Page viene reclamando desde el año 2015”, ha subrayado la consejera, que ha remarcado “el esfuerzo del Ejecutivo regional que también duplica su aportación”. EFE