Por María Rosado |
Valladolid (EFE).- La Consejería de Medio Ambiente, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE han firmado este martes un acuerdo del Diálogo Social para en tres años extender el operativo de incendios durante los doce meses del año para lo que 781 fijos discontinuos de la Junta pasarán a ser fijos y otros 1.800 trabajadores de empresas privadas o Tragsa trabajarán como mínimo 9 meses.
Ello además con incremento presupuestario de 126,88 euros de 2023 a 2025, 65 millones más al año, que supone duplicar el presupuesto de la lucha contra incendios forestales, según ha detallado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la firma del acuerdo con UGT, CCOO y la patronal CEOE de Castilla y León.
Un acuerdo negociado con “Castilla y León en llamas”
Ha sido un acuerdo “difícil”, el más difícil desde los dos para hacer frente a la covid, en el que todas las partes han tenido que ceder, que se ha negociado durante más de 2,5 meses, “con Castilla y León en llamas”, ha recordado desde UGT, su responsable de Acción Sindical, Raúl Santa Eufemia.
Desde la patronal, el secretario general de CEOE CyL, David Esteban, ha reconocido que partían de posiciones distanciadas y muy diferentes.
En esa línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Fraile, ha insistido en que los sindicatos plantean un operativo cien por cien público y que lo firmado hoy es un punto de partida no de llegada, que pretenden que vaya mejorando, y sobre el que estarán muy vigilantes en su cumplimiento.
El convenio
El acuerdo se traslada ahora a Función Pública de la Junta ya que requiere una negociación del convenio colectivo de los laborales discontinuos afectados y cambios de la relación de puestos de trabajo de la Junta, aunque el consejero ha considerado “razonablemente probable” el acuerdo.
Y en la parte privada, serán mejoras que se irán incorporando conforme venzan los actuales contratos de los trabajadores afectados.
El operativo contra incendios de la Junta lo componen 4.554 personas, que hasta final de mes trabajan en su totalidad ya que es época de riesgo alto de incendios, y cuando se haya concretado el acuerdo que hoy se ha firmado apenas habrá diferencia entre que el riesgo sea bajo o alto, en términos del operativo, que se encargará de hacer otras tareas de prevención.
Este acuerdo es “imprescindible”, no es una “mera mejora” sino una transformación del actual modelo, ha explicado Quiñones, y que se planteó tras el incendio del verano pasado en Ávila, y los de éste en esa misma provincia, en Zamora, Burgos o León, entre otras, con tres fallecidos, un operativo contra el fuego y dos vecinos.
El consejero ha indicado, a preguntas de los periodistas, que los fuegos de este verano han sido situaciones excepcionales en cuanto a temperaturas, vientos y humedad, que les han situado “fuera de la capacidad de extinción” a algunos de ellos, por lo que aunque se cuente con este nuevo operativo “no puede garantizarse nada”.
Sí se incrementa la capacidad de prevención y extinción del operativo, ha añadido el consejero, quien ha recordado que además se mejoran infraestructuras y equipos, logística, y avituallamiento, en este último caso para mejorar y perfeccionar el protocolo y maximizar el avituallamiento adecuado al lugar.
Ha lamentado las “acusaciones insidiosas” a tenor de la foto de un bocadillo con dos rodajas de embutido que recibió uno de los operativos este verano, ya que “aunque no siempre se hacen las cosas bien” se trata de problemas “puntuales”.
Las cifras del acuerdo
De los 2.000 trabajadores públicos, con 837 fijos discontínuos, el 90 por ciento, 781 pasarán a ser fijos durante doce meses.
El personal de autobombas incrementará los tiempos de forma progresiva, con un primer turno a doce mese en el 2023 y un segundo durante el mismo periodo en el 2025.
Y se modernizará el sistema de vigilancia y detección con lo que el personal incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en el 2023 y 12 en el 2025.
En el sector privado y la empresa estatal Tragsa, entre 1.700 y 1.800 trabajadores pasarán de trabajar cuatro meses en algunos casos, 7,6 de media, a un mínimo de nueve meses, diez si se suman las vacaciones.
Se trata de las cuadrillas terrestres, helitransportadas y retenes de maquinaría que ampliarán su tiempo de prestación hasta ese mínimo de 9 meses.
Pero también podrá haber contratos de once o doce meses, ha explicado el consejero.
De los 125 millones a mayores para esos tres años, 86 serán para la estabilización del empleo, con 54 millones para los trabajadores públicos y 31 para los de empresas privadas y Tragsa.EFE
Edición web: Adrián Arias
