Valladolid (EFE).- El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de ley de residencias, que refuerza el protagonismo de los usuarios y crea entornos de convivencia más confortables y seguros, al ofrecer una atención integral a la persona centrada en el respeto de sus deseos y necesidades y eliminar las sujeciones, tanto físicas como químicas, salvo informe preceptivo.
La nueva ley, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, generaliza el modelo de atención centrada en la persona, tanto en centros propios como externos, y establece las condiciones básicas materiales y espaciales de las residencias, que deberán adaptarse a las unidades de convivencia, ha indicado la Junta en nota de prensa.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la nueva ley, que es de aplicación en todos los centros con independencia de la titularidad, apuesta por “identificar qué cuidados quieren que se se presten, desde el respeto a sus deseos y necesidades”.
Ofrecer “una atención integral a la persona, desarrollando su proyecto de vida, centrándose en lo que cada una de las personas quiere y necesita”, para que las residencias se conviertan en “verdaderos hogares”, a través de un modelo organizativo de unidades de convivencia, más pequeñas, que lleva años implementándose en Castilla y León.
El texto determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.
Blanco ha recordado también que es la primera ley que redacta en España y “pretende blindar la calidad de la prestación de servicios” , mejorar la formación de los profesionales, con los que ya se está trabajando, y aumentar los controles con una evaluación “amplia” de funcionamiento, organización y percepción de los usuarios.
La consejera ha indicado que se ha llevado a cabo un plan de formación específica para los profesionales, con casi 1.500 ya formados, y hay previstos otros 45 cursos para este año, al mismo tiempo que ha recordado que la ley es un marco general que debe desarrollarse con normativas concretas.
A modo de ejemplo, la consejera ha indicado que será el Consejo Territorial de Servicios Sociales el que determine la ratio de profesionales sanitarios en los centros, si bien ha afirmado que están “muy por encima” actualmente de lo establecido.
Sin sujeciones y evaluación continua
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que la nueva ley contempla la eliminación de las sujeciones físicas y químicas, a excepción de los casos recomendados con los informes correspondientes.
Las sujeciones solo se contempla en casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas, no puedan llevarse a cabo de manera extraordinaria y previo consentimiento de la persona o de un familiar.
Igualmente, apuesta por la calidad de los centros y la innovación, con una evaluación continua “amplia”, ha explicado Blanco, que se centrará en cuestiones técnicas, organizativas y documentales pero también en la percepción que tienen los usuarios y familias del servicio prestado.
Se realizará una evaluación de calidad una vez al año y se intensificarán las labores de inspección” con nuevas herramientas tecnológicas.
Adaptación arquitectónica
Por otra parte, con la entrada en vigor de la nueva ley, las residencias de nueva construcción deberán aplicar el modelo de unidades de convivencia, con unas características arquitectónicas específicas, y las que existen actualmente deberán ir adaptándose a las nuevas necesidades y exigencias.
Isabel Blanco ha explicado que se dispondrá de un plazo de seis a siete años para completar la adaptación, pero en los casos que se determine que no es posible, se eximirán las exigencias recogidas por la ley, y además se acaba de anunciar una línea de ayudas de 15 millones de euros para los nuevos centros.
Más de 72.000 plazas
La nueva ley de residencias afectará a 72.634 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad, con 54.600 plazas para la atención a personas mayores y 18.034 para personas con discapacidad.
La Junta ha destacado que Castilla y León es la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 por ciento, muy por encima de la media nacional (4,19 por ciento).
Una vez aprobado en el Consejo de Gobierno este Proyecto de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, deberá pasar por las Cortes de Castilla y León para su aprobación definitiva y entrada en vigor. EFE
