Valladolid (EFE).- El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha detectado un desfase de unos 49,4 millones de euros entre el montante de los contratos de la Junta incluidos en el Registro Público de Contratos y los que constan en el portal de Datos Abiertos para el ejercicio 2020, marcado por la emergencia de la pandemia de la covid.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar un informe sobre la contratación de la Administración autonómica durante la pandemia en el año 2021, en el que ha defendido que la Junta cumplió “razonablemente” con la legalidad vinculada a estos contratos de emergencia, dadas las circunstancias de la pandemia.
Sin embargo, el informe presentado por Amilivia introduce varias salvedades que ha pedido mejorar de cara al futuro, ya sin la incidencia de la pandemia, que en su opinión marca el contenido de este informe.
Desfase de casi 50 millones
Amilivia ha detallado que el Consejo ha detectado una diferencia de 49,4 millones de euros entre los importes de contratos incluidos en el Registro de Contratos y los que figuran en el Portal de Datos Abiertos, por lo que ha pedido depurar esa diferencia.
En concreto, en el Registro Público de Contratos (RPCCYL) figuran registrados en el año 2020 un total de 842 contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207 millones de euros, sin que permita distinguir entre contratos vinculados a la pandemia y los que no.
Esas cifras son el 29,6% y el 18,9% inferiores a las del Portal de Datos Abiertos en cuanto al número de contratos y su importe, respectivamente, ya que en esta segunda fuente de información oficial figuran 573 contratos de emergencia vinculados a la COVID-19, por importe de 72,5 millones de euros, mientras que en el Registro Público sí figuran otros 232 contratos por importe de 38,9 millones, que no lo hacen en el otro portal.
El análisis del Consejo se basa en el análisis de 100 expedientes, de los que 73 figuran en el Registro Público de Contratos de Castilla y León (RPCCYL) por 96.173.537,08 euros, y otros 27 contratos no incluidos en dicho registro por cuantía de 20.002.296,92 euros.
Para ello, el Consejo seleccionó expedientes de todas las entidades, de todos los tipos, los de mayor importe o las adjudicaciones más importantes, entre otras cuestiones, por lo que el órgano de contratación con mayor peso en la muestra fue la Gerencia de Salud con 75 expedientes que suman 90.613.937,78 euros.
Recomendaciones
El informe marca como recomendación que la declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución deben contener las declaraciones necesarias que permitan identificar todos los elementos básicos del contrato, como su objeto, precio, plazos y adjudicatario.
También que la Administración de la Comunidad debería promover algún tipo de concurrencia o de negociación previa entre las posibles empresas interesadas y comprobar sus condiciones de capacidad y solvencia, siempre que dichas actuaciones sean compatibles con la atención inmediata de las necesidades planteadas, según ha explicado Amilivia ante la comisión.
Recomienda también que, en los expedientes adjudicados por el procedimiento de emergencia, los órganos de contratación formalicen un documento, suscrito por ambas partes, donde se concreten los respectivos derechos y obligaciones, una vez que se hayan adoptado las medidas iniciales de carácter perentorio.
Estricta vigilancia
El Consejo reclama también que los órganos de contratación vigilen el estricto cumplimiento de los contratos en sus propios términos, evitando demoras en los plazos de inicio y de ejecución, incompatibles con la situación que se pretende afrontar, y documentar adecuadamente su total cumplimiento mediante las certificaciones de buena ejecución o actas de recepción precisas.
Todas estas cuestiones han quedado matizadas por las circunstancias en que la propia sociedad y la Administración autonómica tuvo que acometer la crisis de la pandemia, según ha remarcado Amilivia, a quien los portavoces de los grupos parlamentarios han reconocido el valor del informe y han coincidido en la excepcionalidad de la situación.
Tras escuchar las primeras intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, comprensivos con las circunstancias pero críticos también con los desfases y la falta de planificación, especialmente el socialista Juan Luis Cepa, que ha señalado a la Consejería de Medio Ambiente como menos cuidadosa en la contratación que la Consejería de Sanidad.
Ha defendido que la fórmula de cumplimiento “razonable” de la legalidad, tiene que ver con que se aplica el criterio de auditoría, para reflejar lo ocurrido, sin que eso implique que las salvedades planteadas sean menos importantes.
Amilivia ha recomendado poner este informe en relación con los similares emitidos por el Tribunal de Cuentas para otras autonomías, en los que se aprecian situaciones similares a las aquí reflejadas, con un “problema de Estado”, en referencia a la pandemia.
No obstante, en una intervención posterior, Amilivia ha propuesto a los grupos parlamentarios que no planteen un debate con el Consejo de Cuentas por el contenido de este documento, sino que utilicen el informe para realizar el trabajo que consideren oportuno ante la Junta de Castilla y León. EFE
