Valladolid (EFE).- El Grupo Popular ha registrado en las Cortes de Castilla y León la proposición de ley con la que se propone “blindar” la prestación de los servicios públicos esenciales de Sanidad, Educación y Sociales, entre otras realidades para regular el funcionamiento de los consultorios, con diferentes modalidades de consulta sanitaria en función del número de habitantes.
En concreto, la futura ley que el PP pretende aprobar en dos meses detalla que la consulta sanitaria se realizará bajo la fórmula de “a la demanda” en las localidades de menos de 50 habitantes, mientras que habrá un día de consulta a la semana en pueblos de 51 a 100 habitantes, dos para núcleos de 101 a 200, tres para los de 201 a 500 habitantes y diaria de lunes a viernes para los de más de 500 habitantes y que no tengan centro de salud.
Así lo ha detallado este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien ha reconocido que esta nueva garantía por ley implicará una “redistribución” u “reordenación” de los profesionales sanitarios disponibles, dado el problema de escasez de profesionales existente.
Sobre esta coyuntura, De la Hoz ha insistido en que la Junta de Castilla y León “lleva tiempo trabajando” en la incorporación de nuevos facultativos a la plantilla de Sacyl, aunque ha añadido que no es un problema exclusivo de esta Comunidad y ha pedido medidas al Gobierno central para paliar esta situación.
“No les podemos inventar”, ha respondido sobre la posibilidad de que la falta de médicos puede llevar a incumplir esta ley, cuyo contenido ya ha compartido con Vox, socio de gobierno en la Junta de Castilla y León, mientras que con el resto de grupos esperará a la tramitación parlamentaria para buscar un acuerdo “unánime”.
Sanidad, Educación y Servicios Sociales
Más allá de la tipología de prestación en los consultorios locales, la propuesta de normativa registrada por el PP también se refiere a la garantía de permanencia de los 247 centros de salud -al igual que los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria y centros de acción social (CEAS)- existentes en la actualidad y se detalla que la futura previsión de supresión de alguno de ellos tendría que pasar por la deliberación del Consejo de Gobierno y ser comunicado posteriormente a las Cortes de Castilla y León, tras lo que la Junta acordaría finalmente sobre el cierre o no.
En el caso de la Educación, la propuesta de normativa establece lo que la Junta venía desarrollando en los últimos años, en el sentido de que los 186 colegios rurales agrupados (CRA) existentes se mantendrán abiertos cuando alberguen al menos a tres escolares y que la supresión de estas unidades sólo llegaría después de dos cursos escolares sin actividad por la insuficiencia de alumnado.
Por último, la norma establece que los servicios sociales esenciales en el ámbito rural quedan garantizados según lo establecido por los catálogos en cada zona de acción social, para lo que ofrece el actual volumen de financiación a los municipios competentes para su mantenimiento.EFE
