El testigo Pablo Trillo-Figueroa a su llegada a la Audiencia. EFE/Nacho Gallego

PabloTrillo asegura que comunicó a Juan Vicente Herrera el precio “excesivo” de la Perla Negra


Valladolid (EFE).- El actual procurador del PP en las Cortes de Castilla y León Pablo Trillo-Figueroa ha asegurado este martes que comunicó al expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera que le parecía “excesivo” el primer precio barajado para la compra del edificio conocido como ‘Perla Negra’.


Trillo-Figueroa ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la trama de la “Perla Negra”, nombre con el que se conoce al edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que adquirió la Junta y que según la Fiscalía supuso un sobrecoste de unos veinte millones de euros.


En el banquillo de los acusados doce exaltos cargos de la Junta y empresarios, que se enfrentan a peticiones de pena del ministerio público que oscilan entre once y cuatro años de cárcel, por las supuestas irregularidades en el arrendamiento y posterior compra del inmueble.


Trillo-Figueroa desempeñó los cargos de vicepresidente del Servicio Público de Empleo desde 2004; secretario general de la Consejería de Economía y Empleo desde septiembre de 2005 y vicepresidente de la Agencia de Inversiones y Servicios de julio de 2007 a 2011, tras lo que fue delegado territorial de la Junta hasta 2019.

El testigo fue vocal del Consejo de Administración de Gesturcal


El testigo, que fue vocal en el Consejo de Administración de Gesturcal -organismo en el que se evaluó el alquiler y compra del edificio- ha explicado que en un primer momento tuvo un conocimiento “informal” de la intención de llevar a cabo esa operación en unos “miniconsejos” celebrados entre entonces altos cargos de la consejería.


La finalidad consistía en buscar un edificio para concentrar sedes, una búsqueda de la que se ocupaba uno de los encausados en el juicio, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, ha expuesto.

El procurador del PP en las Cortes autonómicas Pablo Trillo-Fiegueroa a su llegada a la Audiencia.EFE/Nacho Gallego


Ha detallado que en el primer consejo de administración de Gesturcal al que asistió recomendó que se les diera más documentación de lo que se abordaba y ha dicho que se recibió información verbal sobre los contratos para el alquiler y compra del edificio Soluciones Empresariales.

“Me pareció un precio excesivo”


El testigo ha manifestado que le llegó información de que el precio en el arrendamiento era elevado y ha opinado que “no” se trataba de un contrato “excesivamente bien hecho” porque “no era ventajoso” para la Comunidad y que se debería arreglar de alguna manera, posiblemente mediante la compra.


El primer precio que se barajó para la adquisición, unos 72 millones de euros, “me pareció excesivo”, una opinión que comentó con miembros del Consejo de Administración fuera de este organismo, con el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva -ya fallecido- y con el presidente de la Junta en esa etapa, Juan Vicente Herrera.


Tras matizar que conoce a Herrera desde al infancia y tiene con él una relación de confianza “estrechísima”, ha expuesto que, durante una conversación, le comentó que empleados públicos de la Agencia de Desarrolllo Econoómico (ADE) -cuyas sedes se querían agrupar en el edificio- le hablaban de que llamaban al inmueble “Perla Negra” y había “cierta chanza con el tema”.


Herrera le dijo que estudiaría la cuestión y le pidió que le tuviera permanentemente informado, ha resumido el testigo.
Sobre el precio final de compra de la Perla Negra (52 millones más IVA), el exdelegado territorial ha señalado que sí le pareció bien al representar una rebaja sustancial.

Petición de aclaraciones sobre el precio de arrendamiento


Entre los seis testigos que han comparecido durante la tercera sesión de la vista también se encontraba José Armando B.C., quien fue vocal del Consejo de Administración de Gesturcal.


Ha expresado que sí pidió aclaraciones sobre el precio del arrendamiento del edificio, ya que se planteó 25 euros por metro cuadrado de oficina, en una valoración que solo tenía como testigos -referencia- oficinas situadas en Valladolid capital, la más alta de ellas 16 euros el metro cuadrado.

Imagen de archivo de uno de los encausados, Juan Carlos Sacristán (2d), y dos abogados. EFE/Nacho Gallego.


En este sentido, ha sostenido que mantuvo sus dudas sobre cómo se fundamentaba el precio del alquiler, mientras acerca de la compra de los terrenos del fallido parque empresarial de Portillo (Valladolid), que también centra el juicio, ha constatado que veía una “contradicción”.


Ha argumentado al respecto que la sociedad tenía problemas de liquidez y se había metido a comprar un terreno que no podría desarrollarse porque el dinero que había era para los terrenos que ya tenía.

Indisposición de un letrado defensor


La tercera sesión del juicio ha tenido que ser interrumpida sobre las 12.20 horas debido a la indisposición de un letrado defensor, quien ha reclamado asistencia sanitaria porque no se encontraba bien.


Posteriormente se ha reanudado la sesión, con la asistencia de otro abogado presente en la causa al representado del letrado afectado, tras lo que, transcurrido un tiempo, el defensor que no se encontraba bien ha podido regresar de nuevo a desempeñar su función en la sala de vistas.


La Fiscalía considera provisionalmente que los hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias. EFE