Valladolid (EFE).- La Mesa de las Cortes de Castilla y León, con el voto del Grupo Vox y el de calidad del presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), ha acordado este jueves retirar la dedicación exclusiva al procurador no adscrito y ex de Cs Francisco Igea, es decir la remuneración económica pero no su participación política.
Igea, por tanto, seguirá siendo portavoz rotatorio del Grupo Mixto en alternancia con Pablo Fernández (Unidas Podemos), tras fructificar la iniciativa de Vox avalada en febrero por un informe del letrado Mayor de la Cámara que ha sido votado, este jueves, con el apoyo de Vox, la abstención de PP y la oposición de PSOE y Grupo Mixto.
Arbitrariedad
“El informe es sonrojante, de parte, una arbitrariedad porque se ha sustentado sobre una figura, el Pacto Antitransfuguismo, que no tiene valor de norma”, ha lamentado Igea, expulsado a finales del pasado septiembre de Cs, el partido con el que obtuvo acta de representación en las Cortes regionales tras las elecciones autonómicas de 2022.
Sus 54.000 votantes “tienen derecho a ser representados”, lo mismo que los 18.000 de Soria ¡YA! y los 13 de Por Ávila, ha afirmado durante una rueda de prensa posterior a las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada este jueves en Valladolid.
Considera el afectado que no se puede aducir como argumento el Pacto Antitransfuguismo porque su condición de no adscrito ni ha modificado las mayorías ni ha provocado un cambio de gobierno, por lo que “sólo se puede pensar en una cosa”, ha proseguido en su análisis sobre lo sucedido.
“Mañueco ha encargado a Vox una vendetta personal (en contra suya) y este partido lo ha hecho de forma sumisa a cambio de la Ley de Concordia y para disponer (dentro del gobierno autonómico) de un espacio para sus barbaridades: esta es la democracia de Vox y esto es lo que tenemos”, ha lamentado.
Recurso y juzgados
Francisco Igea ha anunciado un recurso de reposición para tratar de revertir esa decisión y, en su caso, acudir a los juzgados ante lo que considera “una arbitrariedad desde el punto de vista jurídico, “pero al final serán los ciudadanos con su votos quienes decidan si soy tránsfuga o no”, ha advertido sobre las posibilidades electorales de Vox en el País Vasco y Cataluña, próximas citas en las urnas.
El líder socialista, Luis Tudanca, se ha solidarizado con Igea: “No se pueden quitar derechos por vendettas políticas de antiguos socios de gobierno, va a ser un lío jurídico de consecuencias imprevisibles”, ha vaticinado antes de recordar la defensa permanente de su partido sobre “la dignidad de los derechos de los parlamentarios”.
“Hay muchísimas dudas”, ha afirmado por su parte el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, ya que, en su opinión, va a generar “un conflicto jurídico que no va a beneficiar a nadie”.
Vox discrepa
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha discrepado de todos al recordar que no ha sido el Pacto Antitransfuguismo el argumento del informe jurídico, sino “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, y ha criticado a Igea por “aprovecharse de las lagunas del reglamento (de las Cortes) para obtener un beneficio económico representándose a sí mismo”.
En su condición de no adscrito, ha insistido sobre Igea, “ahora usurpa la representación del partido por el que se presentó” y “actúa desde la corrupción política como un tránsfuga”.
En sustitución del portavoz titular del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha comparecido el procurador Miguel Ángel García Nieto para tratar de explicar la abstención de su grupo en el caso Igea.
“El informe del letrado es correcto porque no se cercenan sus derechos, simplemente se le retira la dedicación exclusiva, una situación como la que se encuentran otros 56 procuradores. Hay que respetar siempre los informes de los letrados, cuando nos beneficien o nos perjudiquen”, ha concluido sin otra argumentación. EFE
