Valladolid (EFE).- El exvicenconsejero de Economía y Empleo de Castilla y León Rafael Delgado, principal encausado en la supuesta trama conocida como “Perla Negra”, ha declarado este miércoles que es “totalmente inocente” y ha sostenido que actuó a las órdenes del entonces consejero, Tomás Villanueva, ya fallecido.
En el banquillo de la Audiencia de Valladolid se sientan doce acusados, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, por las supuestas irregularidades en la compra por parte de la Administración autonómica del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), conocido como Perla Negra, y los terrenos del fallido parque empresarial de Portillo.
Los encausados, que se enfrentan a peticiones de pena que oscilan entre los once y los cuatro años de prisión por hechos ocurridos entre 2006 y 2001, han comenzado a declarar durante esta jornada, en la sesión número quince de la vista oral, tras la práctica de las pruebas testifical y pericial.
Rafael Delgado fue viceconsejero de Economía y Empleo y en esa condición vicepresidente de la Agencia de Desarrollo y vocal del Consejo de Administración de la empresa pública Gesturcal -sociedad que compró el edificio-.
Buscando sede para agrupar edificios desde 2003
El procesado ha explicado que tuvo conocimiento de que, desde 2003, se estaba buscando sede para agrupar distintos servicios y sociedades que estaban dispersos en alquiler en diferentes ubicaciones. Búsqueda infructuosa durante tres años para agrupar sedes.
Preguntado por la fiscal acerca de si había urgencia en 2006 por que la empresa Urban Proyecta -que finalmente construyó la Perla Negra- se hiciera cargo de la obra, ha expuesto que no más urgencia que la derivada de la búsqueda infructuosa de las oficinas adecuadas para agrupar esas sedes durante más de tres años.
Delgado ha asegurado que no conocía en el momento de los hechos ni la existencia de Urban Proyecta ni a ninguno de sus socios o cargos y también ha rechazado que hablara sobre la búsqueda de sede para unir servicios con otro de los encausados, Alberto Esgueva -fue consejero de Excal-.
Ha negado también que conociera el pliego de condiciones para el concurso sobre la construcción del inmueble antes de su publicación y ha asegurado que tampoco tuvo contacto con el estudio de arquitectos que llevó a cabo la edificación.
Opción de compra con el edificio ya construido
El procesado ha sostenido que el planteamiento de adjudicación directa de un contrato de alquiler era una fórmula habitual en la administración y ha subrayado que el consejero de Economía entonces siempre mantuvo que la opción de compra del inmueble se valorara cuando estuviera ya construido.
Acerca de la iniciativa que planteó el Consejo de Administración de Gesturcal sobre alquilar una segunda torre aneja de la Perla Negra, ha manifestado que fue una decisión que tomaron los entonces consejeros de Economía y de Hacienda.
Ha expuesto que la iniciativa de comprar el inmueble en 2008 partió desde la Consejería de Hacienda al detectar que la empresa intentaba vender el edificio.
Transmitió entonces esa Consejería a la de Economía la posibilidad de adquirir el edficio y ahí intervino Gesturcal, “por indicación del consejero -Tomás Villanueva- como en todo el proceso”.
Una buena operación por dos millones menos
Ha resumido que Gesturcal, mandatada por la Junta, adquirió el edificio en 56 millones de euros, mientras las tasaciones de la propia sociedad indicaban un valor de 58 millones, por lo que ha considerado que se hizo una “buena operación”.
La exviceconsejera de Economía Begoña Hernández, ex presidenta de Gesturcal y que se enfrenta a una petición de cárcel de once años de prisión, como Delgado, se ha declarado también inocente durante esta jornada en el juicio.
Ha explicado que se suscribió un contrato de reserva con Urban Proyecta con la entrega de siete millones de euros para que Gesturcal pudiera tener opción de adquirir después el inmueble y ha asegurado que no mantuvo reuniones nunca con representantes de la empresa.
Una operación que podía afectar por el montante global que implicaba
En cuanto a la compra de los terrenos de Portillo, ha expuesto que no tuvo una participación directa, ha manifestado que conoció la operación aproximadamente en abril de 2008 y que se enteró por el director financiero de la sociedad.
Ha considerado que le pareció una operación que podría afectar a la sociedad por el montante global que implicaba y se lo hizo llegar al entonces consejero, quien le trasladó que iba a convocar una reunión para analizar el tema y la posibilidad de un desestimiento de mutuo acuerdo con la parte vendedora.
Ese desestimiento no prosperó porque la parte vendedora, durante una reunión, mantuvo que el contrato estaba vigente, era correcto y ella no era una interlocutora válida por que no había estado en las fases de negociación.
La vista oral continuará mañana con la declaración de más acusados. EFE
