Valladolid (EFE).- Letrados de los procesados que han expuesto este martes sus informes finales en el caso conocido como “Perla Negra” han reprochado a las acusaciones la inconcreción de los hechos en sus escritos, lo que dificulta la defensa de los procesados.
“Es difícil saber qué hechos se le imputan y por tanto defenderse de los mismos”, ha aseverado el letrado de la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández, quien se enfrenta a una petición de pena de once años de cárcel por parte de la Fiscalía que, según el abogado, en un escrito de 42 páginas, solo cita 9 veces a la procesada sobre lo que ha propuesto o dicho, no sobre qué ha hecho.
La vista, que este lunes ha llegado a la sesión número veinte, se celebra por supuestas irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) – conocido como Perla Negra -, y la adquisición de terrenos del proyectado parque empresarial de Portillo (Valladolid).
Tendrían que dimitir todos los que reciben órdenes que no les gustan
El defensor ha recriminado además a la Fiscalía buscar un titular, que ni es jurídico ni tiene base para ello, cuando la acusadora púbica manifestó en el juicio que, si alguien no estaba de acuerdo con una orden del exconsejero Tomás Vilanueva, ya fallecido, podía haber dimitido de su puesto.
“Tendrían que dimitir todas las personas a las que les dan ordenes y no les gustan”, ha ironizado el abogado.
El letrado ha desglosado las distintas intervenciones supuestamente irregulares que se atribuyen a Hernández y ha desechado su participación en todas ellas, además de apoyar en declaraciones de peritos y testigos que la operación de compraventa de la Perla Negra fue “ordenada, lógica y beneficiosa”.
Ha agregado en este sentido que el valor del edificio continúa ahí, no se pierde absolutamente nada, y se pagó un precio inferior al establecido en las tasaciones.
En cuanto a la compra de los terrenos de Portillo ha recordado que la procesada no tuvo conocimiento de las negociaciones para esta operación y que, en 2010, cuando supo de ellas, se opuso pero no porque fuera ilícito sino porque consideró que se trataba de un compromiso económico excesivo para ese momento.
Ella no tenía poderes ni capacidad de decisión, ha resumido el letrado.
Pirueta jurídica
Desde el PSOE, que ejerce la acción popular, “con una pirueta jurídica, salvo de haber matado a Viriato, se nos ha acusado de todo”, ha criticado el abogado, quien por otra parte ha llamado la atención sobre las dilaciones indebidas en el procedimiento, con diez años de tramitación, de “pena de banquillo” y titulares en la prensa, lo que ha supuesto un “gravísimo perjuicio”.
El defensor de Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal -empresa pública que tramitó la compra del edificio- ha censurado en el mismo sentido que el abogado de Hernández que la fiscal dijera que si alguien no estaba de acuerdo con una orden podía haber dimitido y ha dicho que si se tratara de una orden ilegal sí pero, “¿si era legal, por qué se va a dimitir?”.
El abogado, como las demás defensas, ha rechazado la comisión de delitos por parte del encausado y ha pedido su absolución y ha desechado la “teoría conspiranoica” de Fiscalía y acción popular -la acusación particular no imputa delitos a Sacristán- “más propia de una película en blanco y negro”.
Ha subrayado que el encausado actuó conforme a su deber y convocó el consejo de administración de Gesturcal cuando no hubiera hecho falta y ha rechazado que Sacristán participara en el pago de facturas, ha destacado que ni ordenó obras ni dio su conformidad y ha dicho tampoco intervino en la compra de terrenos en Portillo.
Ningún beneficio económico, cero patatero
El letrado se ha preguntado qué beneficio económico obtuvo el encausado y se ha respondido que “ninguno, cero patatero” tras lo que ha afeado al PSOE su personación como acción popular, que ha achacado a que los altos cargos ahora encausados fueran del PP, lo que se ha usado para el desgaste político.
Ha añadido en este sentido que en la época en que se sitúan los hechos juzgados, estaban los casos Gurtel, Bárcenas o Púnica en lo que había sospechas de financiación irregular del PP y todo empezó por eso, que se ha demostrado que en este caso “no lo hay” y por eso el PSOE se persona, “no por otra razón”.
Ha lamentado como el letrado de Hernández la “pena de banquillo” a la que ha estado sometido su defendido durante años, quien ha llegado a tener que soportar insultos.
Sometido al estigma social durante once años
En el mismo sentido ha hablado la abogada del exdirector gerente de Gesturcal Salvador Molina, quien según la letrada ha sufrido ocho años de calvario, once en el cómputo global, “con notables perjuicios”, “sometido al estigma social” hasta la actualidad, cuando tiene 81 años.
Ha remarcado que fue empleado por cuenta ajena y cumplió fielmente sus funciones; ha detallado que lo que hizo fue dar efectividad al abono -de tres facturas- ordenado por la Consejería de Economía y Empleo y se ha quejado igual que las otras dos defensas de la falta de claridad de la acusación popular ejercida por el PSOe que impide articular la defensa.
Ha calificado como “sorpresa mayúscula” que la acción popular elevara a definitivas sus conclusiones provisionales además del “regalo” del delito de revelación de secretos sin modificar los hechos.
Roza los esperpéntico y lo surrealísta”, ha sintetizado.
Defensor: no hay documento de que se conociera el pliego de la Perla antes de publicarse
-El abogado defensor de Ángel Román Montes, exgerente de la empresa Urban Proyecta, ha asegurado este martes que no existe un documento que acredite que el pliego de condiciones para el concurso de adjudicación del edificio conocido como Perla Negra se conociera antes de su publicación en el Bocyl.
Fue una “enredada” que sufrió un testigo con las fechas, ha descrito el letrado, al referirse a que el que fuera gerente de arquitectos Lamela, estudio que diseñó el edificio de la Perla Negra, manifestó en el juicio que había recibido un correo electrónico el 26 de diciembre de 2005 con información del pliego de condiciones, cuando su publicación fue el día 30 del mismo mes.
Las acusaciones nunca han pedido que se presentara el correo, ¿por qué?, se ha preguntado el abogado, quien se ha respondido que la cuestión es que “no existe”.
Tras argumentar prescripción de delitos y dilaciones indebidas “cualificadísimas” -el procedimiento se refiere a hechos ocurridos entre 2005 y 2010- el defensor también ha citado la falta de proporcionalidad de las penas, con preceptos que no existían en el Código Penal en el momento de los hechos.
Ha reclamado en este sentido la imposición de costas a la acción popular, que ejerce el PSOE, al que ha acusado de temeridad y mala fé.
Un daño moral prácticamente irreparable
También durante esta jornada, ha intervenido el abogado del exdirector de Creación de Empresas e internacionalización de servicio de la Agencia de Desarrollo ADE Alberto Esgueva, actual empresario, sobre el que las acusaciones retiraron los cargos antes de elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, aunque su letrado reclama que las costas se impongan a la acción popular.
El abogado del actual empresario Alberto Esgueva ha lamentado que su representado le hubiera preguntado, a veces con lágrimas en los ojos, el motivo por el que había sido acusado, ante lo que el letrado ha ironizado con que le respondió que fue debido a que el Esgueva pasaba por la Agencia de Desarrollo en 2005.
El abogado ha criticado el uso “indigno” en su opinión del instituto de la acción popular por parte del PSOE y se ha quejado de que el empresario Alberto ESgueva se ocupaba de la construcción de edificios en Varsovia, hasta donde de también llegaron las noticias de la Perla Negra.
Esta situación no sólo conllevó la privación del crédito financiero ante la acusación de malversación y fraude a la administración, sino también un perjuicio desde el punto de vista familiar.
“Ha sido un daño moral prácticamente irreparable”, ha resumido el letrado.
Está previsto que la vista oral continúe mañana en su sesión número 21, con la exposición de los informes finales de más defensas cuya presentación está prevista para este miércoles, tras lo que previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia.
