León (EFE).- La relación entre padres e hijos puede volverse difícil en situaciones de ruptura conflictiva entre los padres y en ese escenario los puntos de encuentro familiar (PEF) se plantean como un recurso clave en Castilla y León: entre enero y abril atendieron a 1.158 familias, 54 de ellas nuevas.
Los datos refrendan la eficacia de ese del recurso en cuanto que en 2025 el 74,5 por ciento de las familias que acudieron a esos puntos de encuentro —403 de 541— finalizaron con la consecución de objetivos.
Eso significa que las familias pudieron continuar el régimen de visitas sin necesidad de este recurso.
En los primeros cuatro meses de 2026, esta proporción incluso mejora, con 175 de los 210 casos —un 83,3 por ciento— resueltos de forma positiva, según los datos facilitados a EFE por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Se evita cualquier contacto entre los progenitores
Detrás de estas cifras hay realidades en las que, en muchos casos, los progenitores ni siquiera pueden coincidir.
En estos centros, esa distancia es literal: la llegada de uno y otro se produce con al menos 15 minutos de diferencia para evitar cualquier contacto.
Todo está diseñado en un espacio neutral e imparcial en el que los menores no pueden convertirse en objeto de conflicto.
El volumen de actividad confirma la intensidad del servicio, tras cerrar 2025 con 1.472 familias atendidas —y alcanzar las 1.607 en 2024—.
Solo en el primer cuatrimestre de 2026 los centros han atendido a 1.577 menores con 851 visitas tuteladas, 381 no tuteladas y 2.067 intercambios.
Decisiones judiciales
La mayor parte de las intervenciones parten de una decisión judicial. En muchos casos, existe una orden de alejamiento o un alto nivel de conflictividad que impide cualquier relación directa entre los progenitores, por lo que el régimen de visitas viene marcado por el juez.
El trabajo de los PEF se articula en dos tipos de intervención: el intercambio de los menores —cuando las familias no pueden encontrarse— y las visitas supervisadas, necesarias cuando el grado de conflicto es mayor o existen incumplimientos previos.
En función de esa dificultad para alcanzar acuerdos, los profesionales determinan el nivel de intervención, siempre con el objetivo de reconducir relaciones que, en algunos casos, amenazan con cronificarse.
Para evitarlo, se establece un tiempo límite de actuación de 15 meses, en el que se busca recuperar la autonomía familiar.
Árbitros para reconstruir vínculos
En este proceso, los puntos de encuentro actúan como un ‘árbitro’ en el que, en última instancia, todos ganan: se protege el bienestar del menor y se favorece la reconstrucción de los vínculos familiares.
El servicio está implantado en todo el territorio autonómico, donde Valladolid concentra el mayor volumen, con 306 familias atendidas en 2025 y 240 en los primeros meses de 2026, además de 413 y 326 menores, respectivamente.
León, con tres centros en la capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, registró 361 familias y 496 menores en 2025, frente a 267 familias y 351 menores entre enero y abril de este año.
En Burgos —incluyendo Aranda de Duero y Miranda de Ebro— se atendió a 230 familias en 2025 y 188 en el primer cuatrimestre de 2026. Salamanca mantiene niveles similares, con 115 familias en 2025 y 107 en lo que va de año.
Palencia (105 familias en 2025 y 76 en 2026), Zamora (85 y 61), Soria (83 y 66) y Segovia (46 y 45), junto a Ávila y su área de influencia (139 familias en 2025 y 109 en 2026), completan el mapa autonómico.
Menor estancia media y sin apenas lista de espera
La estancia media en el recurso se situó en 1,59 años en 2025, tras el descenso registrado el año anterior, cuando bajó hasta 0,91, lo que apunta a una mayor agilidad en la intervención.
Además, la red presenta una lista de espera reducida, con 21 familias pendientes de iniciar expediente en toda la Comunidad, repartidas entre los distintos puntos.
Los puntos de encuentro familiar, impulsados y financiados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, están orientados a garantizar el derecho de los menores a mantener la relación con sus progenitores u otros familiares tras una ruptura, siempre que ello favorezca su bienestar físico y emocional.
Con equipos de profesionales del ámbito psicológico, social y jurídico, estos centros no solo supervisan visitas, sino que acompañan a las familias en la resolución de conflictos con un objetivo final claro: que, en el menor tiempo posible, dejen de necesitarlos. EFE
