Valladolid (EFE).- El debate sobre la bondad o la maldad del cobro de las dietas por parte de los procuradores de las Cortes de Castilla y León vive estos días un nuevo capítulo, con unas semanas en las que el anuncio de la renuncia a cobrarlas por parte del PP y Vox desempolvará los precedentes en esta materia, ya que en legislaturas anteriores el Parlamento fijó como criterio la “irrenunciabilidad” de estos pagos.
Las Cortes de Castilla y León tienen un sistema mixto de retribución para sus 81 procuradores, ya que una parte de ellos tienen lo que se denomina ‘dedicación exclusiva’ (23), con un sueldo fijo por sus tareas parlamentarias, y otros 51 cobran únicamente dietas (220 euros) y kilometraje por asistencia a las sesiones, a quienes hay que sumar los 7 miembros del Gobierno que cobran como tales y además son procuradores sin remuneración.
En estos días vuelve a aflorar el ‘juego de las dietas’, al anunciar el PP y Vox que renunciarán a las que se generen en enero próximo, habilitado para tramitar la proposición de ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas tras su error en la votación del proyecto de ley que había remitido la Junta para acompañar a sus Presupuestos para 2023, que les llevó a votar en contra de su propio texto.
Fuentes parlamentarias apuntan en declaraciones a EFE que todo dependerá del criterio de la Mesa de las Cortes, con mayoría para el PP y Vox, aunque han recordado que en anteriores legislaturas el criterio que se aplicó fue el de que estos pagos eran irrenunciables si el procurador asistía a las sesiones, mientras que cosa distinta era que pudieran donar el dinero a quien estimaran oportuno, como así ocurrió en algunos casos con motivo de las sesiones extraordinarias por la pandemia de la covid.
En este sentido, el PP ha aclarado a través de un comunicado que la renuncia a las dietas anunciada el pasado miércoles en conjunto con Vox se refiere al Pleno con el que previsiblemente admitirán a trámite la proposición de ley de Medidas, ya que las sesiones de comisión que pudieran analizar las enmiendas presentadas por la oposición, de celebrarse en enero, serían las ya habilitadas para la presentación de informes por parte del Consejo de Cuentas, por lo que no habría convocatoria extraordinaria, del mismo modo que el pleno definitivo en el que se aprobaría la nueva norma sería un ordinario, ya en febrero.
Dietas vs dedicaciones exclusivas
Desde hace décadas, este sistema de retribuciones mixto ha sido defendido fundamentalmente por el PP, con argumentos sobre la austeridad de las Cortes frente a otros parlamentos autonómicos, y criticado por la oposición, aunque sin énfasis al tratarse de un debate ‘feo’ a ojos de la sociedad, decantada hacia la limitación de los ingresos de los políticos y sin atender al argumento de la calidad democrática, al permitir un mayor control al Ejecutivo por parte de los procuradores de la oposición que sin ese sueldo fijo deben compaginar su labor política con sus respectivos trabajos.
En anteriores legislaturas, el debate sobre el cobro de las dietas ha tenido diferentes aristas y puntos de vista, como cuando el anterior presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Cs), defendió su derecho a cobrar las dietas y el kilometraje dado que su residencia estaba fijada en Salamanca, pese a que había sido elegido para representar a la provincia de Valladolid.
Este ha sido otro debate recurrente, el de si los parlamentarios de Valladolid tenían o no que cobrar las mencionadas dietas, pero hasta ahora el criterio manejado por las Cortes ha sido que tienen el mismo tratamiento que el resto de parlamentarios, al considerarse como una forma homogénea de retribución.
Con anterioridad, durante su presidencia del Legislativo Silvia Clemente (PP) se mostró favorable a un cambio de sistema en la retribución, para que los parlamentarios pudieran dedicarse en exclusiva a su tarea de representación, e incluso encargó estudios para demostrar que con un sueldo limitado podía llegar a ser incluso más austero que el actual sistema de dietas y elevadas dedicaciones exclusivas.
El argumento de estos pagos, en ese caso del kilometraje, ha sido utilizado también para dirimir cuestiones internas de los partidos, como cuando el PSOE leonés criticó abiertamente y pidió la dimisión del procurador Álvaro Lora por ingresar ese dinero sin residir en el municipio leonés de Sahagún, mientras que su grupo parlamentario defendió que ese pago era “legal” al estar establecido para los parlamentarios que no tenían dedicación exclusiva.
Nada más llegar a las Cortes, el representante de Podemos y actual procurador Pablo Fernández defendió la posibilidad de articular un sistema de dedicación exclusiva, aunque con el límite de 3 salarios mínimos interprofesionales, y que mientras ese modelo podía implantarse se redujeran a la mitad las dietas por la vía de celebrar los Plenos en una única sesión, en lugar de dos, como se mantiene en la actualidad.
En la práctica, el argumento de los grupos parlamentarios para mantener las dos jornadas para el Pleno tiene que ver con la situación en que quedarían los parlamentarios de provincias como Soria o los residentes en el norte de León o Burgos, con largos viajes.
Un debate que aparece y desaparece en función de la oportunidad política, en ocasiones utilizado como comodín ante algún tipo de dificultad y también como arma arrojadiza para tratar de dejar en evidencia al contrincante político.
En las próximas semanas veremos en qué se traduce finalmente el anuncio del PP y Vox sobre esta cuestión.EFE
