Valladolid (EFE).- El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero (PP), ha defendido este lunes los cambios en el Código Ético de los altos cargos y, en concreto, que puedan volver a recibir regalos considerados “de cortesía”, mientras que los partidos de la oposición en bloque se ha opuesto a este cambio que consideran una vuelta atrás en la exigencia de ética.
Durante su intervención ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, para presentar esta nueva normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, Carnero se ha remitido a la Comisión de Ética Pública -integrada por tres miembros del Gobierno, él incluido, y otros tres expertos en Derecho- como responsable de esta modificación.
“El nivel de exigencia es tan elevado que no ven factible ni adecuado incrementar dicha exigencia”, ha argumentado el consejero sobre los expertos que han analizado el Código Ético y que han emitido un informe sobre la modificación que la ley que lo regula prevé para el inicio de cada legislatura.
Carnero ha defendido que la prohibición de recibir regalos por parte de los altos cargos “se mantiene” y que únicamente se recupera la recepción de lo que consideran “muestras de cortesía habitual, objetos conmemorativos oficiales o protocolarios” como consecuencia del cargo institucional, entre otras modificaciones como la supresión en el Código Ético de la obligación de publicar la agenda pública.
Críticas de la oposición
La propuesta, que tendrá que ser finalmente aprobada por el Parlamento autonómico en principio con el apoyo del PP y Vox, favorables a su contenido, ha recibido críticas de los portavoces del PSOE, UPL y Cs.
El socialista Luis Briones ha cuestionado, en términos generales, que la “ejemplaridad” no se esté cumpliendo por “algunos altos cargos” de la Junta y ha considerado que con estos cambios se lanza “un mensaje equivocado” a la ciudadanía, que ve esta excepción de los regalos como “prebendas” de “los políticos” y por ello “inapropiada” y un “dislate”. “Es una regresión y vuelta al pasado”, ha resumido.
Briones ha cuestionado también que la propia Comisión de Ética Pública sea “imparcial”, ya que “no tiene sentido” que la integren tres miembros del Gobierno que se somete a su control.
Por su parte, la representante de UPL Alicia Gallego ha reprochado que esta modificación sea “un paso atrás” en el cumplimiento de los principios y valores de ejemplaridad, austeridad y transparencia que regulan estos códigos y que muestran “cierta incompatibilidad” entre lo que se dice perseguir y lo que realmente se modifica.
“No hay solo que serlo, sino también parecerlo”, ha resumido Gallego, crítica con las que ha considerado escasas explicaciones del consejero sobre las razones para esta “vuelta atrás”.
Por su parte, el procurador de Cs y anterior consejero de esta materia en la anterior legislatura, Francisco Igea, ha afirmado que con esta modificación se plasma “una relajación” de la normativa vigente, que prohíbe totalmente la recepción de todo tipo de regalos, aunque ha añadido que “ya no se devuelven las botellas de vino” y se ha preguntado si se trata de “una exigencia o una cesión” de la “derechita valiente no tan valiente” de Vox hacia el PP.
“No es solo que hayan perdido el sentido de la ética, sino también el de la estética”, ha resumido Igea, quien ha alertad de que se incluya dentro de la “vida social” a “condenados en firme por corrupción” y que puedan seguir “siendo corteses” con partidos y administraciones.
Igea ha cuestionado también que alcaldes del PP, entre quienes ha citado al de Olmedo (Valladolid), Alfonso Centeno, no cumplan con el código ético de su partido al no dimitir pese a estar encausado tras abrirse juicio oral contra su persona.
Apoyo de PP y Vox
En el caso del PP y Vox, Carnero ha recibido el apoyo a la nueva normativa, ya que se trata de una modificación “técnica” y equiparable a la de otras autonomías, en palabras del procurador del PP José Luiz Sanz, quien ha comparado a Igea con “Torquemada” y le ha pedido que “no tome la parte por el todo” al referirse a los alcaldes del PP, que “no merecen su sospecha permanente”.
Por su parte, el procurador de Vox Javier Teira, ha tratado de distinguir en el marco teórico entre el derecho y la ética y ha respaldado la modificación porque refleja el acuerdo de gobierno entre ambos partidos y también los objetivos de regeneración de la vida pública”, con cambios que “son los adecuados para alcanzar la ejemplaridad en la vida pública”.
“No responde ni a una exigencia de relajación ni a una cesión”, ha zanjado Teira, convencido de que a la vista de la “corrupción” de la sociedad, los poderes públicos han “fracasado” desde el punto de vista de la Educación y del cumplimiento de las leyes, por lo que ha defendido el establecimiento de “penas más graves y serias” contra los delitos de malversación, el cohecho o la prevaricación.
Réplica de Carnero
En sus réplicas, el consejero ha defendido que no se trata de “una cesión ante Vox” y ha añadido que los integrantes de la Comisión de Ética Pública son profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho, por lo que ha pedido que la oposición no ponga “en tela de juicio” la profesionalidad de estos catedráticos y profesores universitarios del mismo modo que en el ámbito estatal están “poniendo en entredicho la labor de los jueces” por la aplicación de la denominada ley del ‘solo sí es sí’, que ha implicado la rebaja de penas para algunos condenados por violencia sexual.
De hecho, Carnero ha reflexionado sobre si el debate mantenido en la comisión sobre la ética de los cargos públicos y la recepción de regalos es “lo relevante”, y ha relatado una serie de cuestiones que en su opinión tienen más trascedencia a ojos de la sociedad, como la modificación de la regulación de delitos como la sedición o la malversación, la ley ‘trans’ y la ley del ‘solo sí es sí’, entre otras.
Por último, se ha dirigido a Igea para leer lo que figura en el Código Ético de Ciudadanos, donde se prevé la recepción de regalos de cortesía por valor económico inferior a 75 euros, por lo que ha pedido “empezar por casa”.
En la posterior votación de las propuestas de resolución planteadas por el PSOE, el Grupo Mixto y la conjunta del PP y Vox, se han mantenido los bloques manifestados durante el debate y únicamente ha salido adelante la de apoyo al texto promovido por la Junta de Castilla y León, con los diez votos favorables que suman PP y Vox, frente a los ocho de los partidos de la oposición.
Ha ocurrido lo contrario con las propuestas del PSOE y de Cs, que han tenido el apoyo de los ocho procuradores de la oposición y el contrario de los diez que suman PP y Vox. EFE
