Barcelona (EFE).- La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por Barcelona en Comú, Ada Colau ha prometido poner en marcha un teléfono para atender a las víctimas de “las violencias” contra la infancia y la adolescencia, un servicio para actuar en casos de abuso sexual infantil, bullying, ciberbullying y violencia machista contra niños.
En su intervención en el ciclo de ruedas de prensa de alcaldables en Barcelona que organiza EFE con motivo de las elecciones del 28 de mayo, Colau ha explicado que este servicio se pondría en marcha este mismo año si ella vuelve a ser alcaldesa, costaría al consistorio un millón de euros anuales y podría atender a un 20% de los 240.000 niños y adolescentes de la ciudad que se estima que sufre algún tipo de violencia.
Colau ha reclamado dejar de considerar una “cuestión privada” la violencia en la infancia y de normalizarla, y ha pedido afrontarla como un problema social que las administraciones deben atender con urgencia y ha propuesto así un pacto de ciudad en este tema.
También ha reclamado al Estado y a la Generalitat que actúen y que destinen recursos para aplicar la ‘ley Rhodes’, que prevé la atención de los casos de violencia infantil.
La alcaldesa de Barcelona, que ha sido informada de la muerte de dos niñas en Oviedo durante la rueda de prensa, presuntamente en un acto de suicidio, ha expresado su pésame a las familias y allegados y ha señalado que los casos son ya “demasiados” y hay que dejar de tratarlos como “individuales y privados”.
Teléfono de atención y coordinación
Colau ha explicado que el servicio se hará con la colaboración de entidades especializadas y contará con un equipo inicial de 15 profesionales, entre ellos psicólogos y asesores jurídicos.
Además de escuchar, orientar y atender telefónicamente a los niños, adolescentes, familiares y docentes que llamen por situaciones de violencia infantil, estos profesionales podrán activar a un profesional de acompañamiento y mediación que se desplace donde sea necesario.
También coordinarán la atención con otros recursos sociales, educativos, psicológicos o legales y de protección de la infancia, según el caso, y con las figuras de bienestar y protección previstas en la nueva ley estatal de protección integral de la infancia.
