Barcelona, (EFE).- Al menos 121 personas con discapacidad intelectual o de desarrollo (DID) cumplen condena, la mayoría por delitos menos graves, en doce cárceles de Cataluña, aunque podrían ser más porque puede haber presos que no cuentan ni con el diagnóstico ni con la documentación que acredite esta discapacidad.
La educadora Marta Coll, del equipo de Dincat, la principal asociación de la discapacidad intelectual en Cataluña, ha explicado en una entrevista con EFE que muchas personas con discapacidad intelectual se encuentran “completamente solos”, si no cuentan con la documentación acreditativa correspondiente, ante la administración de justicia.
Por ello, ha reivindicado la necesidad de que todos los juzgados tengan la figura del ‘facilitador’, que ayude a estas personas y que, una vez hayan cumplido condena, cuenten con la documentación necesaria de la discapacidad intelectual, que actualmente tienen largas listas de espera para su consecución.
También ha reclamado que muchas de estas personas no disfrutan de un entorno favorable ni apoyos residenciales cuando salen de la cárcel, lo que dificulta su reinserción.
Fuentes de la UTE Abril-Programa DID, que integran la Fundación Catalonia y la Asociación Ampans, han facilitado los datos del número de presos con DID en Cataluña en el transcurso de una jornada organizada por Dincat sobre este tema.
El objetivo de esta UTE, reconocida por el Departamento de Justicia de la Generalitat, es detectar a personas con discapacidad en las prisiones que aún no cuentan con el reconocimiento de esta condición, intervenir en sus diversas situaciones, elaborando un plan de tratamiento individualizado, y facilitar su reinserción en la sociedad cuando finalizan su condena.
Según los datos de esta empresa, donde hay más presos con discapacidad intelectual es en el Departamento de Atención Especializada (DAE) que se ubica en la prisión de Quatre Camins (Barcelona), con 34 internos, pero en la misma cárcel hay otros 16 en las dependencias comunes, junto con los otros presos que no tienen ninguna discapacidad.
Otros 17 en la de Brians 1 (Barcelona) y 17 más en Brians 2 (Barcelona); en la cárcel de Lledoners (Barcelona) están diez discapacitados cumpliendo penas de prisión y dos más en la prisión de mujeres de Barcelona mientras en la sección abierta de mujeres hay otras seis presas.
En la prisión de jóvenes, hay otras cinco personas con discapacidad; en Mas Enric (Tarragona), tres; en Puig de les Basses (Figueres, Girona), otros tres, y el mismo número, tres, en la de Ponent (Lleida) mientras en la de la Trinitat, hay 4, y en el centro penitenciario abierto de Tarragona, uno.
Las mismas fuentes de la UTE-Abril se han encontrado casos de internos en prisiones sin certificado de discapacidad y sin ningún tipo de valoración, que “son personas muy vulnerables, que no entienden las normas y pueden ser extorsionados por otras personas”.
El perfil tipo del preso con discapacidad intelectual es un hombre, de nacionalidad española, que tiene entre 25 y 40 años, con inteligencia límite o discapacidad intelectual leve, si bien los profesionales de la citada UTE se han encontrado con algunos casos moderados.
Un porcentaje elevado de estos presos presenta algún trastorno mental y, en un 95 % de los casos, dependencia de sustancias tóxicas, también un nivel económico muy bajo y sin ingresos propios y una escolarización baja.
El 60 % de las personas que ha atendido la UTE no cuenta con la documentación que les acredite como discapacitados intelectuales y carecen, en su mayoría, de una familia detrás que les proteja.
Mientras están en prisión, los profesionales de la UTE, que se compone de tres educadores y dos colaboradores más una coordinadora, intentan asesorar a estas personas, con planes de atención individuales, y también elaboran informes judiciales para ayudarles en sus procesos ante la justicia y estudios de inteligencia.
Estos educadores consideran que la prisión “no es un lugar” para los discapacitados intelectuales porque “las normas son rígidas” e incluso se han encontrado con una persona que ha estado en régimen de aislamiento muchos meses saliendo sólo dos horas al día al patio de una de las prisiones catalanas.
A nivel español, el estudio ‘A cada lado’, elaborado por la entidad Plena Inclusión España, ya denunció en 2020 que siete de cada diez personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (DID) encarceladas en prisiones españolas no han tenido un juicio justo ya que no se les reconoció su discapacidad.
Este estudio se elaboró a lo largo de un año con entrevistas a 367 personas con discapacidad intelectual que estaban ese año en prisión o habían estado, describe una situación muy dura y concluye que, aunque la condena penal y la privación de libertad deberían ser el último recurso de la justicia para las personas con discapacidad, en el 90,2 % de los procesos se les impuso pena de cárcel. EFE
