Barcelona (EFE).- El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, augura que Cataluña podrá contar en 2023 con presupuestos aprobados porque, a su entender, “ERC y el PSC están condenados a entenderse” en estos momentos para sacar adelante las cuentas.
En declaraciones a Efe, Sánchez Llibre se ha mostrado “convencidísimo de que finalmente habrá presupuestos una vez superado el gran obstáculo que separaba a ERC del PSC”, ha dicho en referencia al desbloqueo de la B-40, la autovía orbital de Barcelona que lleva décadas encallada.
Con el objetivo de favorecer un acuerdo sobre el presupuesto, el Govern de ERC cedió ayer a la petición del PSC de ejecutar las obras de la B-40 en el Vallès, un gesto cuyo “coste político” asumió el propio presidente catalán, Pere Aragonès.
Pese a que el PSC aseguró que el acuerdo presupuestario está “más cerca”, también dejó claro que no está aún cerrado.
Espera que el pacto se amplíe a aeropuerto y al nuevo BCN World
A juicio de Foment, con el pacto respecto a la B-40 “se desencalla el escollo” de más entidad que separaba a ambos grupos y se da un “paso importante” para cerrar el acuerdo.
“Estoy convencido de que habrá presupuestos. En las circunstancias actuales ERC y el PSC están condenados a entenderse para que haya presupuestos en 2023”, ha insistido Sánchez Llibre.
El líder de Foment ha defendido también la necesidad de que, además de la B-40, se impulsen proyectos como la ampliación del aeropuerto de Barcelona o el nuevo BCN World.
Sánchez Llibre ha resaltado el “gran sacrificio” hecho por ERC para avalar la B-40 y ha añadido: “Si han llegado a un pacto en el escollo más importante, estoy convencido de que con el aeropuerto y BCN World también llegarán”, aunque ha dejado claro que compete a las formaciones políticas decidir qué asuntos forman parte del pacto de presupuestos.
Foment desea que Junts se pueda sumar al posible acuerdo
Por otra parte, Sánchez Llibre ha expresado su deseo de que este posible pacto presupuestario entre PSC y ERC “pudiera ser extensivo” a Junts, porque así se daría “un paso cualitativamente importante para que estos presupuestos gozaran de un consenso muy relevante”.
En esta línea, ha recordado que desde que Junts abandonó el Govern por discrepancias con ERC la principal patronal catalana ya alertó de la necesidad de evitar a toda costa una prórroga presupuestaria.
Sánchez Llibre ha asegurado que Cataluña necesita presupuestos para 2023 porque ello refuerza la imagen de “solvencia” y “seguridad jurídica” que reclaman los empresarios.
A la pregunta de si a Cataluña le conviene que la legislatura se agote, el presidente de Foment ha subrayado que los empresarios reclaman “legislaturas estables”.
Asimismo, ha argumentado que el posible pacto de ERC y PSC en torno a los presupuestos “quizá pueda dar como respuesta que la legislatura dure cuatro años”, porque si Aragonès salva estas cuentas, las de 2023, podría llegar a prorrogarlas al año siguiente, ha aventurado.
“Se debería intentar que Junts pudiera incorporarse a la futura estabilidad presupuestaria para los años que faltan de legislatura”, ha asegurado Sánchez Llibre.
Discrepancia con la parte fiscal de las cuentas
En cuanto a la orientación general del presupuesto de la Generalitat para 2023, Foment destaca aspectos positivos de las cuentas, entre ellos las inversiones.
De hecho, Foment, junto al resto de agentes sociales, también acordó, en el marco del Consejo del Diálogo Social, algunas medidas con el Govern que se incluyen en el presupuesto, como las relacionadas con el pacto de la industria o el incremento del índice de referencia para el cálculo de algunas prestaciones sociales.
Sin embargo, la patronal discrepa de las medidas fiscales que el Govern ha dicho que incluirá en las cuentas.
A mediados de diciembre el Govern pactó con los comunes un retoque en la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio para igualarla a lo previsto en el impuesto estatal sobre grandes fortunas, elevar un 33 % el impuesto catalán sobre viviendas vacías que ya está en vigor y activar dos nuevos impuestos en Cataluña: uno a las emisiones portuarias de grandes barcos y otro a los alimentos ultraprocesados, unos tributos que Foment no comparte.
