Madrid, (EFE).- Familiares de fallecidos en dos residencias de la capital durante la primera ola de la pandemia han vuelto a solicitar al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que investiga estos hechos, la declaración del exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur como testigo por su relación con los protocolos de no derivación de personas mayores de residencias a hospitales.
Atendiendo a una primera petición de los familiares, el juez citó a declarar a Mur el pasado 15 de junio, pero no lo pudo localizar debido a que trabaja en Andorra.
El pasado 21 de junio, los querellantes volvieron a pedir la comparecencia de Mur, que firmó los polémicos protocolos que excluían a los mayores de la derivación de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en los primeros meses de la pandemia, dada la importancia de los protocolos en este asunto.
El abogado de la acusación particular, Andrés Ollero, ha explicado que ha pedido la declaración de Mur como testigo porque en esta situación tiene la obligación de contestar a las preguntas que se le formulen, mientras que si fuera citado como investigado podría acogerse a su derecho a no declarar.
También ha solicitado al juez la comparecencia como testigos de los geriatras de los dos hospitales de referencia de las residencias Adolfo Suárez de la Comunidad de Madrid y Amavir Arganzuela, que son el Hospital Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, porque ellos establecían quién era derivado y quién no, en función del grado de dependencia y de deterioro cognitivo, para preguntarles por qué no autorizaron el traslado de estos pacientes.
Asimismo, ha pedido la declaración de los familiares de los fallecidos para que puedan expresar sus discrepancias con determinadas cuestiones que han expuesto las directoras de los centros y dos doctoras de la residencia Adolfo Suárez en sus comparecencias como investigadas.
La primera vez que fueron llamados al Juzgado se limitaron a ratificar la querella, sin que estuvieran presentes ni la Fiscalía ni las defensas, según el letrado, quien ha resaltado que “tienen derecho a ser oídas”.
Las querellantes son siete familias, seis de ellas de la residencia Adolfo Suárez, situada en el distrito de San Blas, y una de la residencia Amavir Arganzuela.
UN FÉRETRO, UNA FECHA Y UN NOMBRE
Entre ellas, está Puri Prieto, cuyo padre, Julián, falleció el 2 de abril de 2020 en la residencia Adolfo Suárez y quien espera poder dar su opinión en el Juzgado.
“Las directoras y las doctoras de las residencias que declararon en el Juzgado confirmaron que ellas recibían órdenes y que no podían hacer otra cosa”, ha apuntado Prieto, quien se ha preguntado por qué no se pusieron en contacto con las familias o con la prensa para alertar de que iba a morir mucha gente.
Además, ha cuestionado el informe médico forense incorporado a la causa que únicamente se basa en los documentos aportados por las residencias, sin escuchar a las familias.
Ha precisado que en la residencia le dijeron que no podían trasladar a su padre a un hospital y, cuando el coordinador médico de la Comunidad de Madrid autorizó la derivación, “después de mandarle muchos correos, de hablar con él muchas veces y de insistir”, no llegó a hacerse porque su padre ya había fallecido.
Puri, quédate tranquila, que le vamos a ayudar a morir’. Y yo decía: ‘No, le tienes que ayudar a vivir”
“Hay una frase que tengo grabada a fuego, que la doctora me dijo una de las últimas veces en las que hablamos: ‘Puri, quédate tranquila, que le vamos a ayudar a morir’. Y yo decía: ‘No, le tienes que ayudar a vivir”, ha relatado Prieto, quien ha comentado que en la residencia había una botella de oxígeno para todos los usuarios que iba pasando de unos a otros y cuando no había más, les ponían medicación para que fueran durmiéndose lentamente
En respuesta al exvicepresidente regional, Enrique Ossorio, quien dijo que los familiares de los fallecidos en residencias ya lo habían superado, Prieto ha manifestado: “Esto nunca se te olvida. No tendrían que haber muerto así. Se les negó todo. No se habilitó un pabellón en Ifema para la gente mayor. Así, muchos se hubieran salvado o hubieran muerto dignamente”.
Ha resaltado que fue “muy duro” no poder ver el cuerpo en el momento del entierro para despedirse: “Lo único que recuerdo es un féretro con un folio que ponía la fecha y el nombre de mi padre”.
