Madrid (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al jefe del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria “urgente” de la Conferencia de Presidentes para abordar los efectos de los acuerdos adoptados para su investidura, que se celebra este miércoles y jueves.
Tras la ley de amnistía recién registrada en el Congreso y el apoyo garantizado de los independentistas catalanes de Junts y ERC y Bildu, además de Sumar, PNV, BNG y Coalición Canaria, Ayuso exige a Sánchez que convoque a los presidentes autonómicos ante los “trascendentales perjuicios” que pueden traer, a su juicio, para el conjunto del país.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha avanzado la petición de Ayuso, que se unirá a la de otros presidentes autonómicos, para que Sánchez clarifique los acuerdos con sus socios y cuál es “el peaje por siete votos” para que sea reelegido, y tras el “clamor” de las manifestaciones del pasado domingo en toda España contra la amnistía.
Ante “la preocupación e inquietud de la sociedad española y, particularmente de la sociedad madrileña, y a la vista de los acuerdos”, Ayuso pide a Sánchez en su solicitud que “informe y dé traslado al conjunto de los presidentes autonómicos, y, a través de ellos, a toda la ciudadanía española, sobre el alcance y los efectos que tendrán los contenidos y condiciones asumidos con el único objetivo de alcanzar esa investidura a un coste inasumible para la sociedad española”.
“Aspectos como la igualdad entre todos los españoles ante la ley pueden verse seriamente comprometidos”
El acuerdo de Sánchez con sus socios, según la dirigente del PP madrileña, señala que “aspectos como la igualdad entre todos los españoles ante la ley, el principio de legalidad, separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares que cimentan la convivencia en nuestro país, pueden verse seriamente comprometidos con trascendentales perjuicios para el conjunto de la Nación”.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se manifiesta “de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, y defiende el justo y equitativo trato que ha de esperarse por parte un Gobierno de España actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho”.
“Resulta una obligación ética y política reclamar ese justo trato, que no puede verse comprometido por la asunción de compromisos incompatibles con el interés general, y en particular con el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, añade.
