Madrid (EFE).- El frutero de la localidad madrileña de Valdeavero conocido como El Toba, que ya fue condenado a 19 años de cárcel por un delito de agresión sexual a un menor de 16 años y corrupción de menores, será juzgado este martes acusado de un delito sexual a otro menor por el que la Fiscalía pide para él 7 años de prisión.
Se trata de Cristóbal L.C., vecino de Valdeavero conocido como El Toba y que fue arrestado en diciembre de 2021 a raíz de una denuncia presentada por la madre de un menor que relató abusos sexuales, tras lo que se descubrieron más presuntas víctimas, la mayoría conocidos de los hijos del investigado, a los que éste llevaba a su casa para cometer las agresiones sexuales.
Por estos hechos, que se juzgarán en octubre de 2024 y que se conocieron previamente a los que se enjuician este martes, la Fiscalía pide para El Toba 98 años de cárcel por agresiones sexuales a una decena de niños menores de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual. La acusación particular, ejercida por el abogado Juan Manuel Medina, eleva la solicitud a 105 años de prisión.
En la instrucción de esa causa la magistrada mantuvo a Cristóbal L.C. en prisión preventiva diez meses, tras los que le dejó libertad al no apreciar riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, y la Audiencia Provincial confirmó esta decisión. No podía salir de España ni vivir ni estar en Valdeavero.
Condenado a 19 años de cárcel por otra agresión
Pero el pasado mes de octubre transcendió que Cristóbal L.C. estaba acusado en otros dos procesos, en uno de los cuales acababa de ser condenado a 19 años de cárcel por una agresión sexual a un menor de 15 años y corrupción de menores, de modo que se ordenó su ingreso en prisión.
El tercer proceso que tiene abierto es por el que se le juzga ahora, en el que la Fiscalía pide para él 7 años de cárcel por un delito de abuso sexual a menor de 16 años y por otro a una adolescente de 15 años a la que pidió fotos de sus genitales y le ofreció 100 euros por mantener relaciones sexuales.
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en julio de 2020.
Además de los 7 años de prisión, la Fiscalía solicita que el acusado no se acerque a menos de 500 metros del menor, ni se comunique con él durante 5 años, que tras la prisión permanezca 5 años en libertad vigilada y que sea inhabilitado para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, también por 5 años.
También pide el Ministerio Público que pague a la víctima 2.100 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.
