Madrid (EFE).- La guardería de Pozuelo de Alarcón en la que se investigan supuestos maltratos de trabajadoras hacia menores de edad será cerrada por construir sin licencia cinco estructuras anexas al edificio principal.
Después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Pozuelo abriese una investigación acerca de estos hechos a finales de noviembre, a raíz de la detención de dos trabajadoras del centro, el Ayuntamiento realizó una inspección de oficio en la guardería Pecas.
Según han informado a EFE fuentes del Consistorio, el centro educativo cuenta con licencia de actividad y obras desde 1993, pero no para la construcción de las cinco estructuras prefabricadas que tiene anexas a la guardería.
Por este motivo ha abierto dos expedientes, uno de suspensión y cese de actividad, que está en trámite y se efectuará en breve, y otro que conllevará una sanción económica por el desbarajuste urbanístico.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, insisten en que, pese a que el descubrimiento se hizo a partir de los supuestos hechos delictivos que ocurrieron en el interior de la guardería, su cierre tan solo tiene que ver con un asunto de “disciplina urbanística”.
Fuentes del grupo socialista del Consistorio han señalado a EFE que, a raíz de la investigación judicial, solicitaron en dos ocasiones conocer el estado de las licencias de la guardería, pero que no obtuvieron respuesta.
Cinco trabajadoras detenidas
La Policía Nacional ha detenido a un total de cinco trabajadoras del centro educativo, algunas de ellas identificadas a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se les observa cómo maltratan e insultan a los menores.
Las dos primeras fueron arrestadas a finales de noviembre -una de ellas como autora material de los maltratos-, mientras las tres restantes fueron detenidas el 20 de diciembre por orden del juzgado a cargo de las pesquisas. A cuatro se les impuso una orden de alejamiento de 500 metros del centro educativo.
La investigación del caso se inició a raíz de la denuncia de otra trabajadora, que decidió grabar con su móvil a una de las arrestadas ante la sospecha de que su comportamiento no era razonable.
El juzgado ofreció a las familias que pudiesen verse afectadas que se personen en la causa, y este es el caso de los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Mario Hermoso, o el cantante Huecco.
