València, 16 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Serra ha aprobado una ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas del sistema prostitucional en la que establece un régimen sancionador de entre 500 y 3.000 euros.
La ordenanza es resultado del acuerdo plenario del pasado 30 de junio, al que no se han presentado reclamaciones, por lo que queda aprobado definitivamente, según publica este viernes el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.
Articula una serie de medidas de carácter jurídico y recursos psicosociales para defender y proteger a las mujeres víctimas de prostitución y de explotación sexual, y para garantizar la convivencia en el espacio público de manera que toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos.
El texto considera víctimas a todas las mujeres en situación de prostitución, sanciona la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución y propone medidas que van más allá del ámbito sancionador, al incorporar un enfoque integral e inclusivo que garantice la defensa y la protección de todas las mujeres en situación de prostitución.
Establece una serie de normas de conducta en el espacio público y sanciona aquellas conductas que favorecen la demanda y el consumo de prostitución, “perpetuando una práctica sexista, gravemente discriminatoria e impropia de una sociedad democrática”, según recoge la ordenanza.
La ordenanza, que se fundamenta en disposiciones reguladas en el derecho internacional, estatal y autonómico, es de aplicación a las personas que se encuentren en el término municipal, estén o no empadronadas en el municipio, y a menores entre 14 y 18 años.
No obstante, para los infractores menores de edad prevé sustituir las sanciones económicas por actividades de servicio público con interés social y valor educativo.
El régimen sancionador establece multas de 500 a 750 euros para infracciones leves (colocar o repartir publicidad que favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución en el espacio público); y de 750,01 a 1.500 euros para las graves (solicitar, negociar y aceptar servicios sexuales retribuidos, o realizar actividad sexual en el espacio público a cambio de retribución u otra contraprestación).
En el caso de muy graves, la sanción será de 1.500,01 a 3.000 euros cuando se lleven a cabo a menos de 200 metros de centros educativos u otros lugares de afluencia infantil, espacios destinados a celebraciones con público, puntos de “mayor vulnerabilidad” por su aislamiento, escasez de iluminación, cercanía a vías de circulación y espacios que dificulten la huida.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
La imposición de las sanciones se guiará por la aplicación del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la trascendencia social de la infracción, la intensidad de la perturbación ocasionada, reiteración y reincidencia, el especial predominio del infractor sobre la víctima y el beneficio que haya obtenido el infractor.
El Ayuntamiento de Serra aprobará un plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución que comprenderá y coordinará todas las medidas y actuaciones destinadas a las mujeres en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual que se encuentren en el término municipal, con la finalidad de que puedan integrarse social, económica y laboralmente en la sociedad.
