València (EFE).- La Coordinadora Valenciana de ONGD ha mostrado su “decepción” por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a las piezas 2 y 3 del conocido como caso Cooperación y ha lamentado que el alto tribunal no haya revisado las penas “rídículas” impuestas por la Audiencia de Valencia “a pesar de la gravedad de los hechos”.
Este miércoles, la Coordinadora ha reaccionado así después de que el Supremo haya confirmado las penas contra el principal acusado de la trama, el exconseller del PP Rafael Blasco, y varios empresarios y funcionarios, que fueran declarados culpables en abril de 2020 por la Audiencia Provincial de Valencia de saquear dinero público destinado a la cooperación con países empobrecidos.
A pesar de haberse reconocido parcialmente el recurso interpuesto por la Coordinadora, la entidad lamenta que no se hayan revisado al alza las condenas.
En relación a la estimación parcial del recurso interpuesto por la Coordinadora, el Supremo entiende que la Audiencia incurrió en “una clara contradicción” en relación a la pena de prisión impuesta a Blasco, que debe determinarse en la ejecución de la sentencia.
En cualquier caso, han defendido que la sentencia supone que el exconseller deberá entrar en prisión para cumplir una pena de un año y medio, mientras que el jefe del Área de Cooperación en la Conselleria Marc Llinares deberá ingresar en prisión para cumplir una pena de dos años y nueve meses.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos tanto por la Coordinadora como por la Abogacía de la Generalitat en relación a la constitución de organización o grupo criminal por parte de los condenados.
“La Coordinadora respeta pero no comparte en absoluto esa decisión, porque entiende que, si algo ha quedado probado a lo largo de las diferencias piezas de este procedimiento, es la existencia de una trama, perfectamente organizada y estructurada, encabezada por Rafael Blasco y de la que formaban parte funcionarios y empresarios, cuya finalidad última era desviar dinero público”, han manifestado.
En este sentido, han afirmado que los responsables de la trama “crearon ONG falsas, falsificaron todo tipo de informes, forzaron a funcionarios a prevaricar, malversaron dinero público, y un largo etcétera de delitos probados”.
“Nos sigue causando tristeza, rabia e indignación que hechos tan graves y tan inmorales, hechos que han supuesto robar el dinero destinado a ayudar a las personas más excluidas, se hayan saldado con unas penas de prisión realmente irrisorias”, ha lamentado el portavoz de la Coordinadora, Carles Xavier López.
Sobre el hecho de que el dinero no haya sido devuelto, ha considerado que “traslada un mensaje de impunidad muy grave, ya que a los condenados se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño cuando no han reparado absolutamente nada”.
“Rafael Blasco, a pesar de los innumerables cargos políticos que ha ostentado a lo largo de su vida, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente, y su capacidad de ocultación patrimonial ha sido premiada por la justicia”, ha criticado López.
“Respecto al cabecilla empresarial de la trama, Augusto César Tauroni, hace menos de dos meses trascendió en los medios que el yate decomisado al empresario en Miami para recuperar el dinero de la cooperación desapareció en un temporal, otra buena muestra de que los condenados en el Caso Blasco ni han devuelto el dinero defraudado ni han tenido nunca la intención de hacerlo”, ha señalado.
En este sentido, la Coordinadora ha lamentado que no se haya aceptado el recurso contra la aplicación de los atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas.
La decisión, han dicho, “genera una grave alarma social, por cuanto ofrece a la ciudadanía una sensación de impunidad de los poderosos y la existencia de diferentes justicias dependiendo de quien sea la persona acusada o condenada”.
Desde la Coordinadora, han celebrado que, “a pesar de lo ridículo de las penas impuestas”, se ha conseguido “que no se cerrara el caso en falso con un acuerdo vergonzoso, como estuvo a punto de ocurrir en más de una ocasión”.
“Hemos conseguido, a nuestro juicio, recuperar la dignidad de la cooperación valenciana dejando claro que éste era un caso de corrupción dirigido por políticos y empresarios y que las ONGD íbamos a estar en primera línea para que se hiciera justicia”, ha defendido Carles Xavier López
En cuanto al coste económico del litigio, han explicado que más de la mitad de los cerca de 72.000 euros que han costado la personación se han sufragado a través de la colaboración ciudadana por medio de una recogida de fondos, venta de camisetas y actividades, y el resto, de los fondos propios de la Coordinadora.
