Orihuela (Alicante) (EFE).- El Consell ha aprobado un Decreto ley de medidas urgentes para evitar abusos en el ámbito inmobiliario por parte de fondos buitre y grandes propietarios que creará un sistema de inspección para garantizar su eficacia y que prevé sanciones de hasta 950.000 euros.
El vicepresidente del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha calificado la norma de “audaz” para combatir los acosos y abusos inmobiliarios y para hacer frente a la “situación de emergencia residencial que vivimos”, según ha manifestado tras el pleno del Consell reunido este viernes en Orihuela.
El decreto se justifica, ha indicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, en el nivel de la inflación y la subida de los tipos de interés, el mayor de la historia del Banco Central Europeo, que puede tener consecuencias graves en la economía de las familias y puede generar “pérdida y falta de acceso a la vivienda”.
Cubrir una laguna legal
El vicepresidente ha señalado que existía una laguna legal sobre el abuso inmobiliario que ahora se cubre con conductas tipificadas y multas de hasta 950.000 euros y con un sistema de inspección que garantizará la eficacia de la normativa en materia de vivienda con funcionarios que tendrán facultades para verificar el cumplimiento de la norma y reaccionar ante incumplimientos.
Además, otorga mayor transparencia con la creación de un registro de grandes tenedores de inmuebles que aportará información a la administración sobre su actividad, y se introduce la obligación de la cesión obligatoria del uso de vivienda deshabitada en manos de grandes propietarios en casos de calamidades públicas, desplazados por guerras o situaciones de sinhogarismo.
El Decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial y para evitar abusos en el ámbito inmobiliario es resultado de “la lucha social” de muchas familias, personas y movimientos que han reclamado un texto que proteja a los ciudadanos frente a los abusos de los fondos buitre, ha expuesto Illueca, quien ha tenido “un recuerdo emocionado” a todos los que han luchado por el derecho a la vivienda y frente a los abusos.
Ante un contexto de emergencia desde el inicio de la guerra en Ucrania, las tensiones inflacionistas, la subida de los tipos de interés que persistirá en los próximos meses y su efecto en el encarecimiento de las hipotecas, muchas familias pueden entrar en una situación de insolvencia.
Estas circunstancias agravan, en palabras de Illueca, la situación ya existente de emergencia residencial y la realidad de muchas familias que no son conscientes de sus derechos o se ven privados del derecho a ejercerlos.
Carta de legalidad a la unidad antidesahucios
La normativa introduce medidas de acompañamiento, apoyo y asesoramiento integral a familias en vulnerabilidad y da carta de legalidad a la unidad antidesahucios con un nuevo protocolo de actuación.
Los funcionarios que realizarán las inspecciones ya existen actualmente pero ahora se enmarcarán en el nuevo sistema de inspección, y está prevista la creación de un cuerpo profesional para detectar irregularidades.
Sobre los cambios que ha habido durante la tramitación del decreto, el vicepresidente ha explicado que se ha hecho un proceso de diálogo en el seno del Consell que ha tenido como resultado la clarificación de casos de intervención, y ha mostrado su satisfacción con el resultado final.
Illueca ha destacado que con la norma la Generalitat completa el despliegue competencial hasta el límite de sus posibilidades y se sitúa a la vanguardia en España en políticas de vivienda con un conjunto de herramientas que ha desplegado a lo largo de la legislatura.
El decreto ley se estructura en cuarenta y cinco artículos repartidos en ocho títulos, contando el título preliminar, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y un anexo.
Como novedad, la norma tipifica y regula la definición del acoso inmobiliario, que el decreto ley define como toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante.
Especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda.
