Banquillo de los acusados en el segundo juicio del caso Imelsa. EFE/ Ana Escobar/Archivo

Las claves del segundo juicio del caso Imelsa

València (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia comenzó el 23 de enero el segundo juicio del caso Imelsa, tras el que concluyó en junio de 2022 y cuya sentencia -conocida en el segundo día de este segundo juicio- ha supuesto la primera condena para el “yonqui del dinero”, 7 años y 10 meses de prisión.

Si en el primer juicio (sobre la pieza J) se analizó cómo el exgerente de Imelsa Marcos Benavent utilizó varias empresas pantalla para adjudicarse contratos y desviar fondos de esta empresa pública, en esta segunda causa (piezas B y F) se ha analizado la contratación supuestamente ilícita de asesores contratados por las empresas públicas Ciegsa e Imelsa que cobraron sin trabajar.

Once confesiones en esta pieza de Imelsa

De los 25 acusados (entre los que figura el expresidente de la Diputación Alfonso Rus; el que fue su jefe de gabinete, Emilio Llopis; Marcos Benavent y el exdiputado y exsubdelegado del Gobierno socialista Rafael Rubio), once reconocieron haber cobrado de estas empresas sin haber prestados servicio efectivo en ellas.

Entre estos empleados ‘zombis’ arrepentidos -y un empresario- figura el futbolista del Olímpic de Xàtiva -club presidido entonces por Rus- Miguel Angel Mullor, quien aseguró haber sido contratado por el propio exdirigente del PP para trabajar en Imelsa, pero que nunca trabajó allí aunque la empresa pública le pagaba el sueldo de jugador.

De nuevo, los audios de Benavent

Ante la rotundidad de este y otros testimonios, los esfuerzos de las defensas se han centrado, al igual que hicieron en el primer juicio sin éxito, en tratar de desacreditar o cuestionar las grabaciones que realizó durante años Marcos Benavent que han dado origen a esta macrocausa judicial.

Esas grabaciones llegaron a manos de la Fiscalía porque se las entregó primero la ex diputada provincial de IU y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez, y después el exsuegro de Benavent, Mariano López, en ambos casos en dos “pendrives” o lápices de memoria.

La principal novedad de esta causa respecto a la anterior, al menos en este asunto de los audios, reside en un informe presentado por la defensa de Alfonso Rus que concluye que el contenido de ambos “pendrives” no es idéntico, pues el primero contiene 44 archivos, frente a 41 -más seis borrados u ocultos- del segundo, y ambos tienen una diferente estructura de carpetas.

Ademas, esta pericial concluye también que el ordenador del que supuestamente se extrajeron dichos audios -propiedad del exsuegro de Benavent- no ha contenido jamás archivos similares a los hallados en los “pendrives”.

El disco duro externo del que extrajo los audios de Imelsa

La declaración de Mariano López en calidad de testigo en este juicio vino a ofrecer un poco más de confusión, o de claridad, según se mire, porque en su relato introdujo un factor novedoso: la existencia de un disco duro externo -propiedad de Benavent- del que él extrajo los audios.

Este testimonio da credibilidad al informe pericial confeccionado por la defensa de Rus, pues pudo haber sido posible que el ordenador de Mariano López nunca contuviese los audios, al tiempo que arroja dudas sobre el origen y la custodia de dichas grabaciones, puesto que López aseguró que destruyó ese disco duro externo, que no era suyo, y sobre el que no recabó permiso alguno de su propietario.

Pese a que dijo que no había manipulado los audios, no ocultó su animadversión hacia el que había sido su yerno: “Guardé todo por si había algo comprometedor”, porque él quería que “Rosa Pérez o quien fuese denunciase a Marcos Benavent”.

Sobre los trabajadores zombis

La interventora general del Estado que compareció en el juicio en calidad de testigo fue tajante al asegurar que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, no pudo tener asesores, y que no hay constancia documental alguna de su trabajo efectivo.

Indisposiciones y alerta del alerta del tribunal

En el transcurso del juicio, el fiscal que ha desarrollado la mayor parte de la instrucción, Pablo Ponce, sufrió una indisposición y se le sustituyó por Fernando Maldonado, que ha sido el responsable también de plantear las conclusiones definitivas.

También sufrió un desvanecimiento en el transcurso del juicio (31 de enero) una de las acusadas, Teresa Gimeno, a la que se atendió en el exterior de la sala Tirant II, que habitualmente acoge los juicios de macrocausas y que ya ha sido escenario de escenas similares recientemente.

Otro de los momentos que sin duda han marcado este juicio fue la ausencia, por confusión, del “yonqui del dinero”, que días después de conocer su primera condena a casi 8 años de prisión se ausentaba del juicio sin que su letrado supiese el motivo. Finalmente fue localizado, pidió disculpas por un “error de agenda” y acudió al juicio con un retraso de unas dos horas.