València (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP) ha asegurado este martes a la entrada a su segundo juicio por irregularidades en Imelsa que jamás ordenó ninguna adjudicación y los trabajos de la mercantil a la que supuestamente benefició “se hicieron”.
Rus se sienta por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa, en una pieza separada sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un servicio de atención telefónica por el que el fiscal le pide 8 años de prisión por tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Una “pantomima”
“Yo no sé a qué empresa se dio un contrato u otro. La adjudicataria fue la más barata, y ninguna de las otras cuatro que concursaron reclamó nada. Si no se me acusa esto es aburrido, pero ya veréis que es una pantomima”, ha insistido.
“¿Si faltan mascarillas en un hospital el responsable es el president de la Generalitat? Esto es una barbaridad”, ha agregado Rus.
Asimismo, ha insistido en que, pese que se investigó si tenía dinero en Brasil o Suiza, “no se encontró nada, cero”.
Otro de los procesados en esta causa, el exgerente de Imelsa y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, ha ironizado al señalar que el anterior proceso -por contratos ficticios en Imelsa y Ciegsa- acabó hace apenas un mes y ha dicho: “tendremos que poner aquí una tienda de campaña”.
Las defensas vuelven a cuestionar las grabaciones
El inicio del tercer juicio del caso Imelsa ha vuelto a plantear el debate sobre la legalidad de las grabaciones que realizó durante años el exgerente de esta empresa pública y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, así como su veracidad y custodia.
El letrado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, ha vuelto a exponer al tribunal la supuesta injerencia en los derechos fundamentales de su defendido que supuestamente se ha cometido al hacerse públicos los audios que grabó durante años y que su exsuegro, Mariano López, entregó primero a la dirigente de EU y actual consellera, Rosa Pérez, y después al fiscal.
Esta reivindicación ha estado presente en las otras dos piezas de esta macrocausa ya juzgadas, y en la sentencia que se conoce -la primera- fueron admitidas por el tribunal.
“Ilicitud” del registro
Navarro también ha hecho mención, al igual que en anteriores ocasiones, a la supuesta ilicitud que supuso el registro del despacho del anterior letrado de Benavent, Ramiro Blasco, donde se hallaron los conocidos como “papeles del sirio” que dieron pie al procesamiento del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en otra causa.
Por otra parte, ha advertido este letrado de la supuesta irregularidad que cometió el instructor al excederse más de cinco meses en admitir la petición de causa compleja que realizó el fiscal en julio de 2016; y en consecuencia ha pedido que se supriman de esta causa varias diligencias posteriores a esa fecha, entre ellas varias declaraciones de su defendido, en la época en la que colaboró con la justicia.
El fiscal Pablo Ponce ha solicitado la declaración en calidad de testigo del guardia civil que analizó los lápices de memoria con los audios de Marcos Benavent y la incorporación como prueba de una auditoría de la firma Servimun, peticiones ambas que han sido admitidas pese a la oposición de las defensas.
