València (EFE).- Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han investigado el supuesto amaño del contrato de atención telefónica de la Diputación de Valencia consideran “evidente”, tras el análisis de los correos electrónicos de los procesados, que “se dieron indicaciones para dirigir la adjudicación y las valoraciones de las ofertas”.
Los dos agentes que elaboraron el informe policial que obra en la causa han declarado este viernes como testigos en el tercer juicio del caso Imelsa, sobre la supuesta adjudicación irregular de los servicios de atención telefónica de la Corporación Provincial.
Según han explicado, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, declaró en el transcurso de varias comparecencias que aquel contrato estaba amañado en virtud de un “favor” que se le hizo a su exsuegro, Mariano López, que fue presidente de los empresarios de las comarcas centrales.
“Benavent detalló la participación de dos funcionarios de la Diputación y explicó varias deficiencias en la prestación del servicio. A partir de estas declaraciones se practicaron diligencias para contrastarlas”, han explicado los agentes.
Estas diligencias consistieron en el análisis de la documentación del expediente, de los correos electrónicos de los procesados y registros.
Correos electrónicos con indicaciones para dirigir la adjudicación de ofertas
“Benavent nos explicó que para adjudicar el contrato como se pretendía resultó clave la participación de Salvador Deusa -funcionario también procesado en esta causa- y se constató mediante los correos electrónicos que se dieron indicaciones para dirigir la adjudicación y las valoraciones de las ofertas”, han agregado.
Respecto a la oferta que presentó Servimun, la firma que obtuvo la adjudicación, los guardias civiles han concluido que “recibió la máxima valoración en los criterios subjetivos, y su oferta económica no era suficiente para cumplir todos los compromisos adquiridos, como sucedió”, en referencia a que, tras la adjudicación, Imelsa detectó deficiencias en el servicio que se comunicaron a la empresa.
El fiscal ha preguntado a los agentes sobre el registro del despacho del anterior despacho de Benavent, Ramiro Blasco, en la calle Yecla de València, una operación en la que se encontraron los conocidos como “papeles del sirio”, que posteriormente dieron pie al procesamiento del exministro Eduardo Zaplana.
“Imelsa denunció que Benavent se había apoderado de documentación de la empresa, y además supimos que supuestamente también se había llevado papeles de una de sus empresas, Berce Mantenimientos, de la notaría”.
Los guardias civiles han explicado que, en el transcurso de la vigilancia a Benavent, se observó que uno de sus hermanos salió de la vivienda de éste en Benigánim y se dirigió a una finca de Cofrentes, de donde “extrajo cajas y bolsas” que llevó al despacho de su exletrado, en la calle Yecla de València.
“Por eso se solicitan al juzgado los registros de esos tres lugares en Benigànim, Cofrentes y la calle Yecla de València”, han subrayado.
“Estimado Alfonso”
En este despacho se localizó una carta, sin fecha, dirigida a un “estimado Alfonso” en la que se habla de la ejecución del contrato del ‘call center’, de las deficiencias detectadas en el servicio y en la que se pide ayuda al destinatario porque “este acoso no se debe justificar por la petición de documentación que hizo Rosa Pérez”.
Los agentes entienden que el autor de la carta es Mariano López y que el destinatario era el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, si bien han indicado que “ubican temporalmente” esta misiva, evidentemente, posteriormente a la adjudicación del servicio del ‘call center’, cuando la entonces diputada de IU y actual consellera, Rosa Pérez, empezó a pedir documentación sobre éste y otros asuntos.
A preguntas de las defensas, los agentes de la UCO han admitido que no han hallado evidencia alguna de contactos previos de Mariano López con responsable alguno de la Diputación ni concretamente con los responsables de la redacción del pliego, ni tampoco de su supuesta participación en la manipulación o conocimiento del mismo.
Las defensas han querido conocer la formación académica, y concretamente jurídica, de los agentes que han investigado esta causa, y uno de los guardias ha informado a la Sala de que, además de la formación específica como policía judicial, está graduado en Derecho y máster en Administración Pública; y el otro está especializado en contratación pública.
