Por Jordi Ferrer
València (EFE).- Una investigación sobre el negocio de la educación concertada y privada en la Comunitat Valenciana elaborada por el periodista Moisés Pérez concluye que sin las aportaciones “voluntarias” que se cobra al alumnado la mayoría de estos centros no sería viable económicamente.
‘El negoci de les aules, L’ensenyament privat i concertat al País Valencià’ (Alfons el Magnànim), una publicación que ha sido posible gracias a la beca Josep Torrent de Periodisme d’Investigació de la Unió de Periodistes, recoge ésta y otras conclusiones sobre esta parte del sector educativo.
En una entrevista concedida a EFE, Pérez (Muro d’Alcoi, 1993) señala: “Sabemos quién maneja la sanidad privada, pero quizá no tanto de quién son los centros privados y concertados en la Comunitat Valenciana; es difícil averiguarlo, no hay demasiada transparencia”.
“Especialmente en la red católica de centros, es complicado saber qué congregación está tras cada centro, y no digamos ya quiénes son sus impulsores o en qué perfil del catolicismo se enmarcan -apunta-. En este caso no podemos acudir al Registro Mercantil porque la mayoría son entidades sin ánimo de lucro y no están obligadas a presentar sus cuentas”.
Además, lamenta Moisés Pérez, no hay datos claros sobre los fondos que perciben, lo cual “debería ser esencial para el debate público, para conocer el peso que tiene esta educación y pensar si se debe fomentar o no”.
En este sentido, detalla que los ingresos básicos de los centros concertados son “esas cuotas ‘voluntarias’ que muchas veces no lo son. Hay informes de CICAE, la patronal de centros estrictamente privados, que hablan de la competencia desleal que supone que los centros concertados se nutran al mismo tiempo de fondos públicos y de esas cuotas, que son obligatorias en el 89 % de centros”.
“En algunos colegios, o las pagas o no te puedes matricular, pero en otros se aplican de forma más sutil, por ejemplo -concreta- ofreciendo materias alternativas en mitad del horario lectivo que has de pagar si quieres asistir, con lo cual se generan problemas a los padres para atender a los hijos si no las suscriben. Eso, obviamente, altera la libertad de elección”.
El negocio de la educación privada
Según recoge Pérez en su libro, con datos del INE “no demasiado actualizados, es cierto, porque son del curso 2014-15”, el beneficio total obtenido por estos centros en la Comunitat Valenciana es superior a los 64 millones de euros, una cifra que supone cerca del 20 % del total nacional.
Estos mismos informes del INE señalan que “suelen tener más beneficio los centros laicos que los religiosos, ya que los religiosos se suelen mover más por huella ideológica o capacidad de influencia social”.
Además, existe cierta operativa de “trasvase de fondos entre congregaciones y fundaciones controladas por esas congregaciones, que alquilan las instalaciones educativas a los religiosos y que suponen una vía de financiación para mantener unas órdenes que en estos tiempos están en decadencia en comparación con otras épocas anteriores”.
Un negocio rentable
“La educación es un negocio rentable en la Comunitat, de eso no cabe duda, pero la educación concertada tiene el problema de que sin esas cuotas ‘voluntarias’ no les saldría a cuenta, porque el concierto frecuentemente no cubre sus gastos. Eso sin analizar si su gestión es eficiente o no”, concluye Moisés Pérez.
Al contrario de lo que sucede en el sector sanitario de gestión privada, donde hay una clara concentración empresarial, “en el sector de la educación privada y concertada no existen grandes monopolios, como mucho nos encontramos con congregaciones religiosas que gestionan cinco o seis colegios en la Comunitat. Es un sector mucho más atomizado”.
Inmigración
El autor llama la atención sobre otro de los desequilibrios entre la educación pública y el resto, en este caso sobre la escolarización de los alumnos migrantes.
“Los datos nos revelan que la escuela pública acoge actualmente al 81 % de los migrantes, porque no hay mecanismos de compensación ni nada que obligue a la privada y concertada. Y eso -a su juicio- pervierte el espíritu de creación de la educación concertada en España, que se puso en marcha ante la falta de infraestructuras en zonas más populares”.
“Muchas veces los padres eligen centro concertados precisamente porque hay menos alumnos migrantes, porque se quiere evitar ese contacto, y se crean o reproducen en la escuela guetos”, añade el autor.
En este mismo sentido, llama la atención sobre un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que indica que la escuela privada y concertada acoge a un 8 % de alumnado con rentas bajas, mientras que la escuela pública acoge únicamente a un 7 % de alumnos de entornos adinerados o con una posición económica superior.
“Eso finalmente erosiona las principales funciones de la educación, que son instruir en valores democráticos y de convivencia pero también hacer de motor social, evitar la marginación y fomentar la convivencia de diferentes grupos sociales”, concluye Pérez.
