Madrid/València (EFE).- La Comunitat Valenciana, junto con Andalucía y Galicia, son las regiones a través de las cuales se produce la entrada de mayor cantidad de cocaína en España, según refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) relativa al 2022, hecha pública este jueves.
Por lo que respecta al cultivo de hachís, se advierte sobre el hecho de que las redes de narcotráfico están seleccionando “cada vez más provincias de interior” como Toledo, Ciudad Real, Burgos o Salamanca para asentar sus plantaciones de cannabis, una droga de la que España se ha alzado como principal productor en la Unión Europea y que favorece la instalación en el país de organizaciones criminales extranjeras.
Las investigaciones por tráfico de drogas siguen creciendo en España y en 2022 se incrementaron un 4,07 % respecto al año anterior, con 21.740 procedimientos, según refleja la citada Memoria, que “llama la atención” del incremento de causas en provincias del interior.
Los narcotraficantes eligen cada vez más el interior
Aunque el número de casos todavía es reducido, la Fiscalía destaca el aumento de procedimientos en lugares como Cuenca, Soria, Burgos, Salamanca o La Rioja, sobre todo por plantaciones y tráfico de hachís.
Porque, subraya, los narcotraficantes eligen cada vez más provincias de interior, como Toledo o Ciudad Real, para producir hachís, tanto en grandes extensiones en el exterior como en cultivos en el interior, y alerta de que la “omnipresencia de esta sustancia y sus derivados”, disponible incluso “a través de máquinas expendedoras, sorprende y confunde a la sociedad”.
La Fiscalía ha observado también cierto crecimiento en drogas sintéticas en provincias ligadas al turismo, como Baleares o Málaga, mientras que Galicia, Andalucía y la Comunitat Valenciana “siguen liderando la entrada de cocaína”, más disponible “que nunca”, según el último informe mundial de drogas.
Feminicidios no consumados
La Comunitat Valenciana registró dos intentos de feminicidio no consumado en 2022, según las estadísticas relacionadas con la violencia machista que ha hecho públicas este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE).
La violencia de género es una de las principales preocupaciones de la FGE, ya que en 2022, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que otras 35 víctimas sufrieron un intento no consumado de feminicidio, lo que supone un incremento del 66 % con respecto a 2021.
El Ministerio Público analiza en su memoria anual relativa al año 2022 las estadísticas relativas a la violencia machista en el ámbito de la pareja y dedica especial atención a los hechos más graves, feminicidios e intentos de asesinato.
En el análisis se habla de 50 feminicidios en 2022, uno más de los contabilizados en la estadística oficial de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y de 43 hechos graves, entre los que figuran otras 35 tentativas frustradas de acabar con la vida de las víctimas.
Solo denunciaron previamente un 31,4 % de las víctimas
Once de esas 35 víctimas habían denunciado previamente a los presuntos agresores, un 31,4 %.
Esos intentos de asesinato, que no suelen visibilizarse en las estadísticas, se perpetraron en Andalucía (10), Cataluña (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Comunitat Valenciana (2) y Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (uno en cada uno de estos últimos territorios).
A 19 de las 35 víctimas las apuñalaron, a cinco las golpearon, a cuatro las quemaron, a tres las estrangularon, dos recibieron disparos con arma de fuego, una fue cortada con una botella y otra, arrojada al vacío.
En la memoria, la Fiscalía contabiliza los “feminicidios ampliados”, que son aquellos asesinatos vicarios de hijos e hijas o personas del entorno íntimo de la mujer cuando son asesinados junto a ella o para hacerle el mayor daño posible.
En 2022, se perpetraron siete feminicidios ampliados y hubo tres intentos no consumados. Fueron asesinados tres hijos e hijas, un bebé gestante a punto de nacer, dos amigos y una madre de las víctimas. Los intentos frustrados tuvieron como víctimas a un hijo común de 19 años, un sobrino de 15 años y un amigo.
Además, se registraron otros cinco hechos graves que afectaron a cuatro hijos (tres de ellos, menores), a un amigo y a una pareja actual de las víctimas.
Desigual respuesta a las víctimas
La desigualdad entre territorios vuelve a ser objeto de denuncia en la memoria anual del Ministerio Público, que critica que esta realidad se haya cronificado. Vuelven a observarse diferencias en las órdenes de protección adoptadas, la existencia y dotación de las unidades de valoración forense y las oficinas de atención a las víctimas.
Mientras que las órdenes de protección adoptadas ascienden en Aragón y La Rioja al 84 %; en la Comunitat Valenciana, al 83 % y en Baleares, al 80 %; en Madrid se quedan en el 46 % y en Cataluña en el 47 %.
Ante esta realidad, la Fiscalía pide un estudio cualitativo y cuantitativo que explique esta desigualdad con el objetivo.
Lamenta que en materia forense sólo la Comunitat Valenciana esté dotada de suficientes recursos materiales y personales y que la respuesta nacional de las unidades de valoración forense esté en los ocho meses.
