València (EFE).- La Sección Primera de la Audiencia de Valencia ha suspendido el juicio por las agresiones del 9 d’Octubre de 2017 hasta los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2024 tras no alcanzar las partes un acuerdo de conformidad que estaba bastante adelantado, según han informado las partes.
El juicio debía haber arrancado este lunes a las 10 horas, pero se ha demorado por las negociaciones de última hora para ver si se alcanzaba una conformidad. A las 12.50 horas el presidente del tribunal ha pedido “un poco de seriedad” a los presentes y ha afirmado: “no podemos seguir sin saber si se conforman o no”, y ha decidido suspender la vista.
El principal punto de desacuerdo ha sido la inclusión de una orden de alejamiento para los procesados de 300 metros respecto de las personas que fueron agredidas (este extremo no ha despertado objeciones) y respecto de cada una de las sedes de las entidades convocantes de la manifestación, que en opinión de algunas defensas suponía, en la práctica, el destierro de la capital valenciana.
La Comissió 9 d’Octubre, organizadora de la marcha, está formada por las asociaciones Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Federació d”Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua i Societat Coral El Micalet; los sindicatos CCOO-PV e Intersindical Valenciana; y los partidos Compromís, ERPV, EUPV, Podem y PSPV-PSOE.
Fiscalía pedía inicialmente para los procesados de 3 a 7 años y medio de prisión por delitos de odio
La fiscal especializada en delitos de Odio, Susana Gisbert, ha lamentado que las defensas “hayan caído hoy en un punto del acuerdo que no era de su gusto”, pero que, ha insistido, “estaba en el acuerdo desde el inicio de las negociaciones”. “No sabemos si es que sus clientes han cambiado de idea o que realmente no se lo habían leído”, ha precisado.
La Fiscalía pedía inicialmente para los procesados unas condenas que van desde los tres hasta los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, y reclamaba además multas y el pago de indemnizaciones de entre 100 y 3.200 euros.
A estos delitos, la Comissió 9 d’Octubre -entidad organizadora de la manifestación, que ejerce la acusación a través de Acció Cultural y cuyos letrados han intervenido en el pleno en valenciano-, añadía el de daños, el de odio y pertenencia a grupo criminal, y por la reincidencia en algunos casos, y pedía penas de entre 5 y 11 años de prisión.
Un pacto de conformidad que no ha cuajado
Sin embargo, antes del inicio de la vista de este lunes varios letrados de las defensas habían informado de un pacto en virtud del cual veinticuatro de los veintiocho ultras serían condenados a 1 año y 4 meses de prisión, dos a 1 año y 7 meses y dos serían juzgados aparte por no haber admitido los hechos.
Entre los procesados que disentían del acuerdo general se encontraba un locutor de televisión y de radio que, según las acusaciones, en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.
En virtud del referido pacto de conformidad que no se ha ratificado ante el tribunal, los acusados se habían comprometido a hacerse cargo de todas las costas procesales y algunos habían desembolsado ya 1.700 euros, cantidad estipulada en el acuerdo para atender individualmente las indemnizaciones a las víctimas.
Despliegue policial, reproches y banderas a la llegada de los acusados
A la llegada y la salida de los procesados de los juzgados se ha producido en medio de un notable despliegue de seguridad, con el acceso principal custodiado por decenas de agentes de la Policía Nacional, y con la presencia también de manifestantes de colectivos antifascistas y varios dirigentes de Compromís.
Uno de los procesados -a la entrada y a la salida también- se ha dirigido a los manifestantes con gestos de “llorones”, y éstos han respondido coreando consignas antifascistas, y otro ha escupido a otro de los manifestantes y ha tratado de encararse con él, pero ha sido sujetado por quienes le acompañaban y un agente se ha interpuesto.
Los mismos agentes de Policía Nacional que formaban parte de este dispositivo de seguridad han tratado de identificar a un manifestante antifascista por exceder -según ha explicado el agente- el horario de la concentración anunciada y demorarse en la retirada de las pancartas, pero una de las letradas de Acció Cultural ha mediado y finalmente no se han producido propuestas de sanción.
