València (EFE).- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha autorizado al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana a abrir una cuenta bancaria en cualquier entidad ubicada en España pero bajo la supervisión del tribunal sobre el contenido de sus movimientos.
El tribunal acordó esta autorización en una providencia el pasado mes de marzo, pero recientemente la letrada de esta sección dictó una diligencia en la que acordaba informar -sobre el contenido de la providencia original- a una determinada entidad en la que Zaplana había tratado de abrir una cuenta, todo ello a petición de la defensa del ex alto cargo del PP.
Y es que, según la representación legal del expresident, el banco había pedido a su cliente que le comunicara por escrito la autorización del tribunal.
Destinada a ingresar su pensión
En consecuencia, la Audiencia Provincial autoriza a Zaplana a abrir una cuenta destinada el ingreso de su pensión, domiciliación de recibos, tarjetas y pagos ordinarios porque lo considera compatible con las medidas judiciales ya adoptadas para asegurar su posible responsabilidad civil en el conocido como caso Erial, que se juzga a partir del próximo 9 de enero.
Sin embargo, advierte al procesado de que deberá informar al tribunal inmediatamente sobre la referida cuenta, para que se pueda pedir al banco información mensual detallada sobre los movimientos.
El juicio del caso Erial, en el que está procesado Zaplana por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, comenzará en enero de 2024 en la Audiencia de Valencia y se prolongará hasta mayo.
40 sesiones de juicio
Inicialmente, se han señalado un total de 40 sesiones entre el 9 de enero y el 10 de mayo.
En el caso Erial, cuya instrucción finalizó hace un año, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.
Según señalaba el auto que puso fin a la instrucción, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, facilitaron la obtención de contratos públicos, con beneficios económicos para todos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.
Los investigados, “dirigidos por” Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas. EFE
