València (EFE).- El fiscal anticorrupción ha atribuido un nuevo delito de falsedad documental al exvicealcalde de València Alfonso Grau y los exresponsables de fundaciones públicas Juan Eduardo Santón y José Salinas y, en consecuencia, ha elevado la petición de condena hasta los 9 años y 2 meses para el primero y a los 5 años y 2 meses para el resto.
El juicio de la pieza A del caso Imelsa, en el que se dirimen las posibles corruptelas de los más estrechos colaboradores de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá para financiar supuestamente de forma ilícita al PP en las elecciones municipales de 2007 y 2011, ha alcanzado este jueves su fase de conclusiones, y previsiblemente concluirá el próximo martes tras la presentación de informes (a partir del lunes) y el turno de última palabra.
En esta pieza, que juzga la Sección Segunda de la Audiencia, están procesados el exvicealcalde de València Alfonso Grau; la ex secretaria municipal del PP Mari Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.
Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho en su modalidad continuada y falsedad documental, Fuster de un delito continuado de cohecho -por el que se le pide un año de prisión- y Santón y Salinas de malversación continuada y falsedad.
Añade un delito de falsedad, en concurso con el de malversación
En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal ha suprimido las referencias al posible carácter delictivo de los ingresos que concejales y asesores del PP pudieron realizar en las cuentas del partido en 2015, por haberse archivado esta parte de la investigación, si bien ha mantenido el resto de hechos.
Así, su acusación ha quedado limitada a supuestas operativas corruptas en las elecciones de 2007 y 2011. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que desde entidades públicas como Turismo Valencia o la Fundación para la Innovación Urbana, que se nutrían de fondos públicos, se habrían desviado fondos a empresas de comunicación que habían realizado acciones electorales para el PP de València.
Como novedad, ha introducido el delito de falsedad, en concurso con el de malversación, en referencia a tres contratos mercantiles que, a su juicio, “no corresponden con ninguna actividad real, fueron simulados y sirvieron de instrumento para cometer la malversación”.
En favor de los procesados, tanto el fiscal como la acusación popular (que ejerce Compromís) han respaldado la aplicación de dilaciones indebidas, porque entre 2018 y 2021, año en que se dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado, no se cursó diligencia relevante alguna.
Igualmente, el Ministerio Público ha pedido que se deduzca falso testimonio al que fue exasesor de Grau en el Consistorio y exempleado de Laterne (una de las firmas de comunicación a través de la que, supuestamente, se pudo canalizar la financiación irregular del PP de València), Jesús Gordillo.
Este testigo inicialmente colaboró con la Justicia y entregó documentación que permitió abrir esta causa, pero en su reciente declaración ofreció un testimonio radicalmente opuesto, en el que exculpó a Grau de cualquier responsabilidad.
Ya se condenó a Grau por un cohecho por dos relojes
En esta pieza llegaron a estar investigados medio centenar de ediles y asesores del PP de València de la época de Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales cometido antes de las elecciones de 2015 mediante el ingreso en las cuentas del partido de 1.000 euros que, según sostuvieron los investigadores, se les habrían devuelto en algunos casos con billetes de 500 de origen indeterminado.
Sin embargo, esa parte de la macrocausa Imelsa -la conocida como del “pitufeo”- se archivó en diciembre de 2021 tras más de un lustro de instrucción y se archivó también en lo relativo a la supuesta responsabilidad del PP como persona jurídica.
A Grau ya se le condenó por cohecho a nueve meses y un día por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito dieciséis contratos con el Ayuntamiento de València entre 2006 y 2015.
