Fran Fernández, coordinador general de Lambda, durante la entrevista con EFE. EFE/Ana Escobar

Lambda reclama al Consell que les escuche: Se toman medidas de espaldas a los colectivos

Concha Tejerina | València (EFE).- Lambda, el colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar, se siente “excluido, ninguneado y menospreciado” por la actual administración valenciana, a la que reclama que les “escuche” porque considera que se están adoptando decisiones “a espaldas” de los colectivos y “sin conciencia de lo que implican”.

Así lo asegura en una entrevista con EFE Fran Fernández, reelegido coordinador general de Lambda, quien lamenta que se hayan tenido que enterar por la prensa de la marca ‘Orgull de Comunitat’, impulsada por el actual Consell para fomentar la inclusión y el reconocimiento de las personas LGTBIQ+ y de la que se ha desmarcado Vox al considerar que “no existe un problema de discriminación”.

“No es que tengamos que marcarle la agenda política al Gobierno, y menos cuando tiene que vérselas con la extrema derecha, pero la cortesía de hacer una presentación oficial e invitar a los colectivos es algo que no ha sucedido”, afirma Fernández, quien “tiende la mano” de Lambda a la administración que, afirma, “está a tiempo de reencauzar las relaciones”.

“Se toman decisiones sin conciencia de lo que implican”

A su juicio, se están tomando “decisiones sin conciencia de lo que implican” y si el Consell “está orgulloso, nos gustaría ser escuchados y que se dejase el sectarismo atrás. Lambda es apolítica y apartidista y es una pena que se desaprovechen las ideas y la experiencia que tenemos en el colectivo”.

“Estaría encantado en poder decir que tenemos una derecha en la Comunitat Valenciana a la europea, donde los derechos del colectivo LGTBI no son moneda de cambio y donde no se nos intenta utilizar porque no lo hemos consentido con ningún partido progresista, ni lo vamos a hacer ahora”, asevera.

Señala que si mantienen un primer encuentro con la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, le pedirán que “no trabaje de espaldas a colectivos como el nuestro y que tenga intención de escucharnos de verdad e incorporar nuestra peticiones a las políticas públicas que se están llevando a cabo”.

Recorte del 50 % de las subvenciones

También le dirán que quieren escuchar un posicionamiento público del Gobierno sobre la Ley Trans y sobre la ley LGTBI autonómicas, porque lo que sabían hasta el momento era que se había pedido un informe sobre la primera normativa, algo que, ha dicho, “se nos ha desmentido en privado”.

“Es la Generalitat la que tiene que decir si el colectivo LGTBI puede sentirse tranquilo porque las leyes que hay, que dan protección y que no han generado ningún tipo de problema, van a seguir adelante tal y como estaban o si se tiene intención de retocarlas o modificarlas, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid”, afirma.

Respecto a las subvenciones que recibe Lambda por parte de la Administración valenciana, indica que desde el cambio de Gobierno en el Consell “ha habido un recorte de un 50 %” y la Diputación de València no les ha concedido la ayuda para el programa de intervención en centros educativos.

El coordinador general de Lambda, Fran Fernández. EFE/Ana Escobar

Incremento de los delitos de odio

Fran Fernández señala que los delitos de odio contra miembros del colectivo LGTBI “se han incrementado desde que la derecha tiene un altavoz, y cuando llegan a gobernar el altavoz es más grande”.

Este tipo de delitos, explica, “se disparan” en los periodos del año en lo que el colectivo tiene más visibilidad porque se acerca el Día del Orgullo, desde mayo a julio, y mientras la víctimas suelen ser mujeres y hombres trans, el perfil del agresor es el de un hombre heterosexual y con una ideología de extrema derecha.

“Cuando la segunda persona más importante en la Generalitat Valenciana -en referencia al vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, de Vox- sale a decir que aquí no hay discriminación, eso es grave”.

“Eso cala”, ya que “al tiempo que se dice que no hay ningún tipo de discriminación, se nos está llamando enfermos y vinculándonos a la pedofilia, se agrede sexualmente a personas trans a la salida de discotecas o se maltrata física y psicológicamente a personas LGTBI por el mero hecho de serlo”, indica.

Con respecto a las penas que se imponen, indica que se conformaría con que las sentencias reconociesen que hay un “componente de LGTBIfobia si te asesinan al grito de maricón, como le pasó a Samuel” pero eso “no sucede, se queda en agresión”, y eso también hace que muchas veces la víctima no denuncie.

“No pedimos revanchismo ni aumentar las penas, y menos en caliente, lo que queremos es justicia y, ahora mismo, el sentimiento de justicia en el papel está, pero en la práctica estamos muy lejos de conseguirlo”.

A su juicio “las cuestiones de discriminación son estructurales” y hasta que esas reivindicaciones “no empapan” entre los que gobiernan es “muy difícil” que el cambio venga.

Retroceso en avances conseguidos

Preguntado por si cree que el actual Consell va a dar marcha atrás en avances impulsados durante el Gobierno del Botànic, señala que a día de hoy no tienen constancia oficial de que “se haya dado marcha atrás explicitamente a ninguna ley” aunque sí que “se ha aprobado que los libros LGTBI que hay en las bibliotecas, en contra del criterio técnico, vayan a estar en una sección” determinada.

Según indica, hay personas que están volviendo a esconder su diversidad sexual por temor a ser víctima de un delito de odio.También ha criticado que se hayan eliminado del puente de Rita Barberá -antes de las flores- los bancos arcoiris porque, afirma: “quitan una de las medidas que más visibiliza el posicionamiento de un administración” y “simboliza el compromiso que tiene el Gobierno por visibilizar realidades que siempre han sido marginadas”.  

Respecto a si cree que peligra la celebración en València de los Gay Games, Fran Fernández ha señalado que la decisión de que el proyecto salga o no lo haga “no está en nuestras manos como colectivo, sino en manos del ayuntamiento”.