València (EFE).- Cuatro de los cinco acusados por promover, favorecer o facilitar el trasplante ilegal de un órgano (hígado) juzgados desde este lunes en Valencia han informado al tribunal de que han donado 7.500 euros cada uno (un total de 30.000) a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para “reparar el posible daño causado”, si bien todos ellos sostienen que son inocentes.
Los hechos se remontan a abril de 2013, cuando, según detalla el fiscal en su acusación, el enfermo, un libanés residente en Beirut, contactó con dos sobrinos suyos que vivían en España y regentaban una empresa en Novelda para que encontraran un donante vivo, “sabedor del prestigio de esta cirugía en nuestro país”.
Tanto los sobrinos como el hijo del enfermo y otro compatriota libanés comenzaron entonces las gestiones para “la materialización de dicho trasplante, con evidente quebranto de la legislación española relativa a la donación de órganos entre vivos”, agrega la acusación pública.
Contactaron con 8 candidatos para el trasplante
Así, contactaron con ocho candidatos, personas que eran “especialmente vulnerables tanto por su procedencia como por su penuria económica”.
A varios de ellos llegaron a pagarles las pruebas en diferentes clínicas médicas de España para conocer su compatibilidad como donantes con el paciente. Y en muchos casos, siempre según la versión de la Fiscalía, les ofrecieron dinero o trabajo, entre otras prebendas, a cambio de la donación.
Ésta no se llevó a cabo porque los candidatos no querían asumir el riesgo o los médicos no los aprobaron, entre otras razones, según el Ministerio Público.
La donación finalmente se realizó de hijo a padre -tras determinar unas nuevas pruebas que sí que era posible- y se materializó en una clínica privada de Barcelona en agosto de 2013.
Este juicio se celebró en octubre de 2019 y se resolvió con una conformidad de los acusados, el enfermo aceptó un año de prisión y el resto dos años, pero la Organización Nacional de Trasplantes, que fue expulsada de este primer proceso, recurrió y ha logrado que el Tribunal Supremo ordenase la repetición del mismo.
El Ministerio Público solicita ahora tres años de prisión para el enfermo y siete años para los otros cuatro acusados por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos.
Edición web: Macarena Lázaro
