Agricultores de Sagunto reciben demandas por no aceptar el justiprecio propuesto para sus terrenos

València (EFE).- Agricultores afectados por las expropiaciones de los terrenos de Parc Sagunt II, donde se proyecta en Sagunto la gigafactoría de Wolkswagen, han comenzado a recibir demandas de la empresa pública Espais Económics Empresarial por no aceptar el justiprecio propuesto por el Jurado provincial de Expropiación.

Así lo aseguran las organizaciones agrarias AVA-ASAJA y La Unió Llauradora, que acusan al Gobierno central y a la Generalitat de «maltratar y negar un precio razonable» a los propietarios de los terrenos expropiados en el parque industrial.

Consideran «indignante» que la Administración, por los compromisos políticos adquiridos con Volkswagen que incluyen «una lluvia de ayudas millonarias», quiera que lo paguen los agricultores de sus bolsillos y «estafarles» hasta el último céntimo, sobre todo cuando están atravesando una crisis de rentabilidad y este proceso «les arrebata un espacio fértil de alto valor económico», han denunciado Cristóbal Aguado, presidente de AVA, y Carles Peris, secretario general de La Unió.

Afirman que Espais Económics Empresarials «no acepta» el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, pese a ser un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de imparcialidad, veracidad y acierto, y donde están representados expertos cualificados en la materia, como un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un interventor de Hacienda, un ingeniero agrónomo e incluso un técnico de la Conselleria de Política Territorial.

Los políticos «ningunean» a los técnicos y agricultores

Y por ello critican que los políticos «ninguneen a técnicos y agricultores y, por el contrario, prefieran llevar estas expropiaciones a los tribunales con el afán de abonar limosnas y retrasar los pagos, al menos, dentro de tres años que pueden dilatarse en el tiempo este tipo de juicios».

Debido al cambio de la legislación (en 2007 entró en vigor la llamada Ley del Suelo que limitó el justiprecio de una parcela en función de la productividad o la localización), las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I (en torno a 40 euros por metro cuadrado).

Ahora, en la actual fase de ampliación, el Gobierno aún ha ofrecido menos dinero a los propietarios (entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, según parcelas en Sagunto), por lo que la gran mayoría optó por acudir al jurado provincial y solicitar una valoración alternativa más ajustada al valor real de los terrenos, y el jurado marcó cifras situadas entre las dos propuestas.

No obstante, la Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, «enfanga el conflicto por la vía judicial, para lo que, además, va a destinar 145.000 euros de dinero público en contratar procuradores», señalan en un comunicado.

La «pleitesía» de la Administración a Volkswagen

Las organizaciones agrarias lamentan que esta actitud «beligerante» contrasta con «la pleitesía» de la Administración a Volkswagen.

Antes de que se confirme un justiprecio a pagar a los propietarios de Sagunto, la Generalitat ya ha vendido los terrenos a la multinacional por un precio de 48,9 euros el metro cuadrado (63,66 millones de euros por 1,3 millones de metros cuadrados), una cifra que supone la mitad de lo que tuvieron que pagar otras compañías por zonas cercanas.

Para Peris y Aguado, «no es ético que la Administración pretenda regalar el patrimonio de los agricultores a otros. Parece que nuestros gobernantes quieren hacer negocio con los agricultores y ganarse unas generosas puertas giratorias en grandes empresas cuando acaben su etapa política».

Advierten de que, si la Administración no rectifica, echa atrás las demandas contencioso administrativas y acepta pagar ya el justiprecio marcado por el jurado a los propietarios, el sector agrario emprenderá movilizaciones «ante las autoridades y empresas que sean necesarias».