El Consejo de Estado aprueba el nuevo plan del Tajo que afectará al trasvase

Madrid/Toledo/València/Alicante (EFE).- El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan los 12 planes hidrológicos de cuenca, que entre otras medidas crearía el caudal ecológico en el río Tajo, que afecta al trasvase Tajo-Segura.

En su reunión ordinaria este jueves, la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo gubernamental ha aprobado por unanimidad el dictamen relativo a los nuevos planes hidrológicos, informe que puede ser favorable, o no, al proyecto legislativo que ha levantado polémica en las últimas semanas por la creación del caudal ecológico del Tajo.

La «nueva batalla por el agua» se sitúa a finales de 2022, cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el tercer ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo, y en los que se incluyen los «caudales ecológicos»: caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos.

En todo caso, el informe emitido por el Consejo de Estado no es vinculante, y sólo refleja la posición de esta entidad respecto a lo que plantea el real decreto, sobre su forma o su contenido, según han insistido a EFE desde este organismo, que señalan que no pueden informar del contenido del dictamen.

En la reunión también se despacharon otros asuntos, como los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.

EL CONSELL DEFENDERÁ A LOS REGANTES

La Generalitat desconoce el contenido del dictamen en torno al caudal ecológico del río Tajo pero en todo caso ha mantenido su intención en utilizar todas las vías a su alcance en defensa de los agricultores del sur de la Comunitat Valenciana.

Fuentes del Consell han apuntado a EFE que desconocen el contenido concreto de lo decidido por el Consejo de Estado pero han añadido que el Ejecutivo valenciano que usará «cualquier vía en defensa de los regantes de Alicante», además de, en cualquier caso, mantener «abiertas las vías de diálogo».

Horas antes de que se supiera que hay dictamen del Consejo de Estado, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), el president de la Generaltat, Ximo Puig, fue preguntado por los periodistas sobre este asunto y recordó que el Consell defiende «un ‘mix’ de todas las fuentes (de agua) que tenemos a nuestra disposición» donde el trasvase Tajo-Segura «es irrenunciable como es también es fundamental la desalinización y todas las obras que lleva adosada en estos momentos la iniciativa del Gobierno».

EL PP LO VE «UN HACHAZO»

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que la aprobación del informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se revisa el plan del Tajo supone «el mayor hachazo» al trasvase Tajo-Segura de la historia.

Mazón ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat «ya han conseguido lo que querían después de 22 recortes» y ha sostenido que tomará «todas las medidas posibles» para «revertir y alegar» este plan, en un camino que va a ser «muy difícil e irreparable» y en el que, no obstante, espera que el «daño» al trasvase no sea «irreversible».

«Estamos avanzando ante un daño irreparable a la provincia de Alicante que va a afectar a la huerta de Europa, a la sostenibilidad, a la agricultura, a la economía de las miles de familias que viven del trasvase y a los precios de consumo», ha señalado en un comunicado el dirigente popular.

Ha insistido en que «la muerte anunciada del trasvase se consuma con los planes del PSOE» y ha dicho que el Gobierno central «se carga una infraestructura solidaria ante el silencio cómplice de Puig, que no ha hecho nada por impedirlo».

En ese sentido, ha afirmado que Puig «es un presidente que se abstiene y sus hechos le delatan», y ha denunciado que al president «ya no se lo cree nadie».

Por último, ha resaltado que este dictamen recorta el trasvase Tajo-Segura «sin criterios técnicos» por lo que recorta «los derechos hídricos de Alicante sin justificación».

REACCIÓN DE LOS AGRICULTORES A LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

La Unió Llauradora i Ramadera ha pedido al Gobierno que obvie todo lo que hace referencia al trasvase Tajo-Segura en el dictamen de revisión de los planes hidrológicos y que se siente a negociar y no entre «en una nueva guerra absurda del agua».

Para la Unió, la decisión del Consejo de Estado de dar validez al dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-27) «no quita ni un ápice de legitimidad a las demandas» de esta organización agraria y de los regantes alicantinos.

En un comunicado, ha señalado que este dictamen incluye la fijación de caudales ecológicos en el Tajo y supone una reducción de las aportaciones al trasvase al Segura.

Asimismo, ha recordado que la decisión del Consejo de Estado «no es vinculante», por lo que considera que el Gobierno «debería obviar todo lo que hace referencia al trasvase para sentarse a negociar y no entrar en una nueva guerra absurda del agua».

Desde la Unió, han advertido de que el sector agrario alicantino «pende de un hilo» y han señalado que la realidad en estos momentos indica que no existen «otras alternativas viables al trasvase con un precio asumible para que los agricultores puedan mantener sus explotaciones».

CONCENTRACIÓN FRENTE A MONCLOA

Asaja-Alicante ha mostrado su «tajante disconformidad» con la decisión del Consejo de Estado pues «consuma el recorte del trasvase Tajo-Segura», y ha anunciado que se concentrará el próximo martes 24 frente al Palacio de la Moncloa para «defender la continuidad del trasvase».

El colectivo agrario ha lamentado en un comunicado que el Consejo de Estado «no ha contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río», que, según han explicado, será de 8,65 metros cúbicos por segundo y han denunciado que se recortará el agua del trasvase en más de 100 hectómetros cúbicos al año».

«Lamentamos que un órgano que está concebido para dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos avale una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país», han sostenido.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha criticado que esta decisión atenta contra «el reparto equitativo del agua entre comunidades» y apoya un decreto cuyo coste será «el recorte en las transferencias del Tajo al Segura en 105 hectómetros cúbicos anuales, la pérdida de 15.000 empleos directos en Alicante y Murcia y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros».

«Nos hemos manifestado en la calle, en Alicante, Murcia y Madrid, y hemos informado sobre el alcance económico de este recorte, por lo que ahora, a las puertas de unas elecciones, el ciudadano cuentan con toda la información para manifestar su repulsa ante una ministra -en referencia a Teresa Ribera- que ha apostado por la unilateralidad y la mentira», han concluido desde el colectivo.

LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO, «UN CLARO AVANCE» PARA CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que es «un claro avance» que el Consejo de Estado haya aprobado por unanimidad el informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan los 12 planes hidrológicos de cuenca, entre ellos el del Tajo que supone la creación del caudal ecológico para dicho río.

Fuentes del Gobierno regional han valorado a EFE la aprobación de dicho documento, si bien han señalado que no conocen el contenido del dictamen aprobado.

En cualquier caso, se han mostrado satisfechos de que se ha cumplido con la ley, con la palabra dada al Ejecutivo castellanomachego y con cinco sentencias del Tribunal Supremo, que recogen la necesidad de instaurar un caudal ecológico en el río Tajo.

Por ello, han asegurado que es un «claro avance» y muy beneficioso para las posiciones de Castilla-La Mancha.