València, 11 sep (EFE).- El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València ha manifestado su oposición al traslado de la Estación de Autobuses, a la ampliación de la ORA al 80 % de las plazas de estacionamiento de la ciudad y a la creación de peajes para entrar y salir de la ciudad.

Estas son las principales alegaciones que el PP ha presentado al Plan de Movilidad Metropolitana de Valencia (PMoMe) que impulsa la Generalitat, en las que reclama asimismo una mejora de la oferta actual de transporte público y que se construyan aparcamientos disuasorios en los principales accesos a la ciudad.

La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, pide además que se amplíe la L-10 de Metrovalencia hasta el Pont de Fusta, con parada en el Mercado Central y en Ciutat Vella.

“Los populares -señala Catalá- nos oponemos a seguir ampliando las zonas de pago en València por estacionar”, ya que alerta de que el Plan de Movilidad de la Generalitat recoge expandir el estacionamiento regulado hasta alcanzar el 70-80% de las plazas de aparcamiento de la ciudad.

La portavoz popular considera necesario planificar una progresiva expansión de las áreas de estacionamiento regulado, “creciendo de manera concéntrica desde los puntos generadores de movilidad actualmente existentes en la ciudad”, informa el PP.

Catalá manifiesta asimismo la oposición de su grupo a la “extensión indiscriminada de la ORA al resto de zonas urbanas consolidadas de la ciudad, máxime si ésta no se ve acompañada, en la práctica, de una mejora paralela y sustancial del transporte público actual y, en concreto, de un aumento de la oferta disponible de transporte público y de una mejora de sus tiempos y frecuencias de paso”.

Respecto a los peajes en los accesos a la ciudad mediante la aplicación de tarifas por el uso de infraestructuras viarias “Congestion Charging”, señala que “pretender la reducción del uso del vehículo privado cobrando a sus usuarios para reducir emisiones ya no tendrá cabida, pues cada vez habrán más vehículos híbridos o eléctricos, y en caso de aplicarse, podría provocar un efecto negativo sobre la economía”.

Catalá considera que “en la coyuntura económica actual, con los costes disparados de las energías, la inflación en dos dígitos, anuncios de cierres de industrias, ERTES, no entendemos la implantación de la figura del cobro al usuario por el uso de infraestructuras viarias”.

El PP se opone igualmente en sus alegaciones a trasladar la Estación de Autobuses al entorno de la estación del AVE, ya que “entra abiertamente en contradicción con las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Valencia tanto en la Avenida Ausiàs March como en el futuro bulevar de Federico García Lorca”.

Con ello, añade, se atraerá el tráfico de autobuses interurbanos al centro, “en lugar de alejarlo”, y reclama la rehabilitación integral de la actual Estación de Autobuses.

El PP echa de menos, además, en el Plan de Movilidad “infraestructuras esenciales para la ciudad de Valencia como la finalización de la Línea 10 de Metrovalencia, con parada en el Mercado Central y Ciutat Vella, su conexión hasta San Miguel de los Reyes, e incluso hasta Tavernes Blanques, así como las futuras líneas 11 y 12 con destinos a la Marina Real Juan Carlos I y a la nueva Fe, respectivamente”.

Por último asegura que el PMoMe “se ha elaborado para un horizonte temporal que abarca una duración de 13 o 15 años (hasta 2033 o 2035), “partiendo de un diagnóstico desfasado, toda vez que los datos estadísticos que detalla el plan son muy antiguos”. EFE