Jorge Rodríguez niega el «chiringuito»: Eliminó asesores y ahorró 1,2 millones

València (EFE).- La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha negado este lunes que, como expuso el fiscal, Divalterra (Imelsa) siguiese siendo un «chiringuito» bajo el gobierno del PSPV-PSOE y Compromís puesto que «eliminó hasta 11 asesores y ahorró 1,2 millones de euros».

La letrada Ángela Coquillat, en su turno de informe final, ha insistido en que Rodríguez no formó parte del pacto político mediante el cual el PSPV-PSOE -partido al que pertenecía entonces Rodríguez- y Compromís se repartieron las áreas de gestión de Divalterra, ni tampoco lo firmó.

Ha insistido en que podría haber incorporado a personal de confianza en otras empresas públicas que estuvieron bajo su tutela desde el momento en que empezó a presidir la corporación provincial, como Girsa o Egevasa, pero que en esas firmas «no hubo modificaciones porque eran empresas sanas, a diferencia de Imelsa, cuyo gerente -el autodenominado yonki del dinero, estaba en busca y captura, y que tenía a la UCO a diario en las oficinas».

«Si la idea era un chiringuito, ¿por qué se eliminaron 11 asesores en Imelsa?»

«Si la idea era hacer un chiringuito, ¿por qué se eliminaron 11 asesores en Imelsa? Se ahorraron 330.000 euros anuales, un total de 1,2 millones de euros», ha subrayado la letrada, haciendo referencia a una cantidad muy similar a la que reclama el fiscal en concepto de responsabilidad civil para los 14 acusados en el caso Alquería.

Coquillat ha seguido contradiciendo de plano la mayoría de las tesis expuestas por el fiscal para asegurar que Divalterra, en su condición de empresa pública, estaba gobernada en última instancia por el pleno de la Diputación, «todos los consejeros eran políticos, como todas las empresas públicas».

«Rodríguez no pidió informes sobre las contrataciones, tampoco le enviaron los existentes, y en cualquier caso, (José Luis) Vera -respsonsable jurídico de Divalterra- le dijo que los informes ratificaban la legalidad de los nombramientos, a los que se dio publicidad», ha agregado.

Jorge Rodríguez no recomendó «a nadie»

El presidente de la Diputación, ha continuado esta letrada, «no recomendó a nadie y nadie se dirigió a él para pedirle favores. Hubo entrevistas de trabajo y se contrató a quienes se considero que eran los mejores».

Por otra parte, ha insistido en que los altos directivos contratados en Divalterra «no pasaron a formar parte de la plantilla de la empresa y tenían la indemnización más baja prevista por la ley en caso de despido».

En su informe, esta letrada ha insistido en varias ocasiones en que ni Vera ni ningún otro de los responsables jurídicos de la entidad «dijeron que los contratos eran ilegales». «Vera, tras las detenciones, siguió defendiendo que eran perfectamente legales», ha subrayado.