La deuda de la Generalitat creció en 3.054,9 millones de euros en 2021, año en que los ingresos, sin cambio en el sistema de financiación autonómica, registraron incrementos del 8,5 % con un gran peso de las transferencias del Estado por el fondo COVID.
La deuda financiera de la Generalitat ascendió a 55.824,5 millones en 2021, de los que el 80 % (44.817,5 millones) corresponde a créditos del ICO, según recoge el informe de fiscalizacion de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente a 2021 elaborado por la Sindicatura de Comptes, que ha sido entregado este viernes al president, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda, Arcadi España, y al presidente de Les Corts, Enric Morera.
Los tres síndicos, Vicent Cucarella, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval, han entregado el informe, formado por cinco volúmenes, que recoge el cumplimiento general de los principios contables y la normativa aplicable de las cuentas de la Generalitat, aunque con algunas excepciones y deficiencias.
DEUDA DE LA GENERALITAT
En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat, las cuentas de 2021 muestran, como en ejercicios anteriores, “un gran desequilibrio”, con un patrimonio neto negativo en 37.436,9 millones consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos, que se cubren con deuda.
La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado positivo de 718,2 millones, y un aumento de la deuda por 3.054,9 millones. Ha vuelto a aumentar el desequilibrio negativo después de la bajada de 2020 condicionada por la pandemia, y han aumentado los ingresos un 8,5 %, mientras que los gastos aumentan un 9,3 % en términos nominales, si bien señala que el ejercicio se caracteriza por las medidas contra la pandemia y las ayudas sociales y empresariales aprobadas.
La Sindicatura considera que la Comunitat Valenciana debe continuar exigiendo el resarcimiento sobre la parte de la deuda acumulada durante los últimos años por la infrafinanciación, e insiste en la conveniencia de un mecanismo transitorio de compensación hasta que se apruebe el nuevo modelo.
Sobre la deuda financiera, detalla que de los 3.166 millones, 1.793,4 millones se deben al aumento de las deudas con entidades de crédito y 1.298,8 millones a mecanismos de financiación del Estado.
EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO
Entre las excepciones al cumplimiento, destaca la existencia de 45 liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación de asistencia sanitaria integral pendientes de aprobación a 31 de diciembre de 2021, cuyo importe definitivo se desconoce.
En inmovilizado no financiero, no hay un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio de la composición, ubicación y valoración de sus principales epígrafes que permita conciliarlos con los registros contables; y se ha detectado que no hay contabilización de elementos patrimoniales procedentes de la reversión de las concesiones de los departamentos de salud de la Ribera y Torrevieja, y de la extinción de la sociedad pública RTVV, SAU y otras.
El balance refleja por primera vez en su activo corriente el epígrafe de existencias de productos sanitarios por un importe de 65,4 millones, así como el efecto positivo de la contabilización de la variación de existencias en la cuenta del resultado economicopatrimonial, aunque sin control y seguimiento de las entradas y salidas de cada almacén.
En provisiones y contingencias, se mantiene un gran número de procedimientos judiciales en curso de los que se podrían derivar responsabilidades a cargo de la Generalitat -sin estimación-.
El informe recoge también que los créditos por operaciones devengadas y vencidas suponen una cuantía de 713 millones y las no vencidas a 247,5 millones.
Respecto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se percibieron 772,2 millones y solo se han contabilizado derechos por 82,1 millones, en tanto que 389,8 millones se registraron como cobros pendientes de aplicación para su imputación en el ejercicio de 2022.
Respecto al cumplimiento de la normativa, la Sindicatura destaca que se han tramitado 417 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe total de 1.808,3 millones, de ellos 1.609,8 millones de expedientes tramitados por la Conselleria de Sanidad. La entidad advierte de que observa un aumento del uso de esta figura jurídica en los últimos cinco años sin que se tomen medidas para limitarlo.
En este ámbito también señala que la Generalitat debe incluir en sus presupuestos de transferencias del Estado “únicamente” las previsiones de ingresos que espera obtener “de manera razonable”.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La Sindicatura alerta al Gobierno para que tome las precauciones necesarias en sus políticas de gasto y las fuentes de ingreso ante la crisis climática, energética y de minerales, ya que “es imprescindible una transición en el ámbito social y económico” hacia el nuevo modelo.
