València (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura y para respaldar a los regantes alicantinos, y además ha exigido al Gobierno que rectifique y mantenga el precio del agua desalada.
Puig ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, en el que le pide que conceda audiencia a la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano la redacción final que ha llegado a ese órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos, entre ellos el que afecta al trasvase Tajo-Segura, y poder así presentar las alegaciones que se consideren necesarias.
Rechazo a los cambios en el decreto
Fuentes de la Generalitat han recordado que el proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre incluía una disposición adicional novena esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, por lo que cualquier modificación o supresión de la misma en el último borrador de decreto ley que ya tiene el Consejo de Estado encontrará “el más firme rechazo” del Consell.
El president ha revindicado que el acuerdo que se alcanzó en ese Consejo Nacional del Agua era “razonable”, pues simplemente exigían que en 2025 se pudiera actualizar la decisión sobre el trasvase en función del estado del Tajo.
Ha insistido en que ese acuerdo “no tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua”, sino que se trata de actuar de forma “racional” para garantizar el agua que genera miles de puestos de trabajo en Alicante y la zona mediterránea, “además sin atentar frente a ningún derecho de nadie”.
“Apoyo permanente a los regantes” y “defender la continuidad del trasvase”
Por eso, “vamos a presentar todas las alegaciones ante el Consejo de Estado y vamos a mantener una posición de apoyo permanente a los regantes, porque tienen razón”, ha manifestado el president ante el previsible cambio del contenido del real decreto.
La Generalitat recuerda la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y exige que se mantenga en sus mismos términos aquello que se pactó en su día y obtuvo el refrendo del Consejo Nacional del Agua, y alerta de que en caso de incumplirse emprenderá todas las acciones a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura y apoyar así “las justas demandas” de los regantes alicantinos.
Según las mismas fuentes, ahora corresponde al Consejo de Estado emitir el preceptivo dictamen sobre el proyecto de Real Decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones, antes de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Con la decisión del Consell de solicitar audiencia al este órgano consultivo del Gobierno para poder efectuar alegaciones, reafirma tanto su “compromiso inquebrantable” en defensa de los regantes valencianos y su voluntad de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.
No al aumento del precio de agua desalada
Además, el president de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha referido a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, con la que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.
“La decisión de incrementar el precio del agua es absolutamente inaceptable y va en dirección absolutamente contraria a un planteamiento de transición que facilite agua para siempre”, ha afirmado Puig, quien ha exigido una rectificación al Gobierno.
Puig ha mostrado su “rechazo frontal” a esta decisión y ha hecho un llamamiento al Gobierno “para que reconduzca la situación y reconsidere su postura”, porque en la Comunitat Valenciana la agricultura “juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible” al precio del agua.
En opinión del jefe del Ejecutivo valenciano, la actual coyuntura “no hace aconsejable en absoluto una decisión de esta naturaleza”, por lo que exige al Ejecutivo que mantenga la subvención al agua desalada, para que resulte asequible a los regantes.
