A Coruña (EFE).- La Xunta se ha sumado al proceso judicial iniciado por la Abogacía del Estado para reclamar 564 bienes del Pazo de Meirás, que no declarará bienes de interés cultural (BIC), porque la vía judicial “es la única forma de que pasen a ser propiedad pública”, ha defendido este lunes el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.
En un acto en A Coruña, Rodríguez ha respondido a los medios acerca de su postura en el proceso judicial iniciado por la Abogacía del Estado en Madrid y en el que ya se había personado el Ayuntamiento de Sada, donde se ubica el inmueble.
El conselleiro ha asegurado que se trata de “un proceso muy complejo” en el que entiende que es necesario “mantener la unidad de acción desde la perspectiva política” y apoyar la “reclamación judicial por vía civil”, por lo que la Xunta se ha adherido también a la demanda.
De hecho, ha afirmado que el Gobierno gallego reclamaba este paso del Estado desde hace tiempo, pues considera que “es la única forma de que estos bienes pasen a ser propiedad pública”.
Consultado por la posibilidad de que la Xunta declare BIC esos bienes, como ha reclamado el Ayuntamiento de Sada debido a que esto obligaría a que los actuales titulares, la familia Franco, tuviesen obligación de comunicar su posible traslado, el conselleiro la ha descartado.
“Un BIC no interviene sobre la propiedad del bien”, ha aclarado Rodríguez, que defiende que la clave en este caso es conseguir la titularidad.
Categoría de los bienes
Los 564 bienes muebles de esta demanda están agrupados en tres categorías: bienes de patrimonio nacional, bienes del patrimonio documental español y bienes que son del dominio público por si afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado y, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y artístico vinculado a la figura de Pardo Bazán.
Respecto a la Casa Cornide, un céntrico edificio de A Coruña también en mano de los Franco, Rodríguez ha afeado al Ayuntamiento de A Coruña que no haya acudido todavía a la vía judicial, un proceso en el que dice que contará con el compromiso de la Xunta.
Ha defendido, además, que la Xunta “ya asumió la responsabilidad” pues ha incoado el expediente para declaración de BIC de este edificio, por lo que “el grado de protección ya lo tiene” independientemente de cuándo se resuelva el trámite al completo.
