La Comisión de Peticiones mantendrá la investigación sobre abuso a menores

València, 8 sep (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido admitir la petición presentada por el grupo popular de Les Corts sobre la política de menores del Gobierno valenciano, y pedirá a la Comisión Europea que le informe sobre el procedimiento de la transposición de la directiva europea en este caso.

La petición ha sido formulada por la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, y la abogada Ana María Gil, quien ha reclamado una norma europea que establezca un «marco claro» para proteger a los menores en casos de abusos de menores «con un control independiente y protocolos de actuación comunes».

Bastidas, por su parte, ha señalado que su formación ha acudido a esta comisión después de que el parlamento valenciano rechazara, hasta en tres ocasiones, y también el Congreso de los Diputados, la apertura de una comisión de investigación sobre el informe del Síndic de Greuges que denunciaba la existencia de abusos a 175 menores tutelados.

La diputada popular ha puesto también el foco en la ex vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, «porque una menor sufrió abusos por un educador de un centro que era su marido en el momento de los hechos, condenado a cinco años de prisión» y en el hecho de que «ni se cumplieron los protocolos ni la Ley del Menor».

«¿Va el Parlamento Europeo a mirar a otro lado?», ha preguntado Bastidas, quien ha pedido «auxilio» a la comisión para evitar que este tipo de situaciones «se vuelvan a repetir».

El director general del Secretariado y de la portavoz del Consell, Juan Vicente Santos, ha intervenido en nombre de la Generalitat y ha acusado a Bastidas de realizar «manifestaciones falsas», y ha defendido que la Comunitat Valenciana cuenta con un avanzado nivel de protección de los menores tutelados y una legislación que garantiza sus derechos.

Santos ha criticado asimismo que el grupo popular haya acudido a las instituciones europeas para «acusar injustamente» a los profesionales que trabajan con los menores, al tiempo que ha advertido de que su petición «no busca esclarecer ningún hecho», sino su uso político y ha recordado que hay un procedimiento judicial abierto al respecto.

En el debate, algunos eurodiputados han cuestionado que la comisión, cuya función es «dar voz» a los ciudadanos europeos, acepte abordar un tema relativo a «la lucha política» entre partidos, y que no le corresponde al comité tampoco pronunciarse sobre un tema que está actualmente en los juzgados.

La eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha señalado que esta comisión «no se tenía que haber celebrado» porque se ha utilizado «políticamente y de una manera partidista e interesada por la derecha».

«Hoy aquí y en su informe de hace cuatro años se dijo que la competencia de menores son de los estados miembros y se ha actuado en España, en la Comunitat Valenciana y existe un proceso judicial», ha defendido la eurodiputada socialista.

Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos (Cs), Jordi Cañas, ha votado a favor de que se atiendan las dos peticiones presentadas para que la Eurocámara se implique, «porque se trata de un caso de falta de diligencia de las administraciones españolas, que son las que ejercen la tutela de los menores en instituciones públicas».

El portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Carles Esteve, ha acusado en un comunicado a la diputada del PP, Elena Bastidas, de «mentir» y «tergiversar» ante la comisión de peticiones la gestión del Consell con los menores en acogida.

Esteve ha denunciado asimismo el «esperpento de la votación final», ya que la presidenta de la comisión, Dolors Montserrat, ha recurrido al «quorum» de 9 personas que establece la normativa para decidir si se votaba o no en la comisión al haber igualdad entre las dos partes.

Tras esta decisión, un número importante de eurodiputados ha abandonado la cámara, quedando los nueve requeridos que han votado a favor de que la petición continúe abierta.

La Comisión Europea eludió el pasado mes de marzo implicarse en este asunto al considerar que se trata de una competencia de índole nacional.