Barcelona, 11 sep (EFE).- Los registradores catalanes de la propiedad, que hasta 2017 gestionaban los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales en nombre de la Generalitat, reclaman en los tribunales a la administración autonómica que le abone 1,26 millones por cancelar anticipadamente el convenio que regulaba este encargo.
El decano de los registradores de Cataluña, Vicente J. García-Hinojal, ha explicado en una entrevista con Efe que esta es la cantidad que solicitan tanto el decanato como 13 antiguos liquidadores en concepto de daños y perjuicios provocados por la actuación de la Generalitat, si bien ha querido dejar claro que actualmente la relación con la administración es “buena”.
Se trata de un conflicto que nace en 2017, cuando la Generalitat, en pleno apogeo del procés, se marca el objetivo de tener lista la estructura de la futura Hacienda catalana el 1 de septiembre de ese año.
Los registradores tenían un convenio en vigor por el cual podían seguir liquidando impuestos por encargo de la administración hasta el 31 de octubre, pero la Generalitat avanzó que desde el 1 de septiembre se haría cargo de gestionar los impuestos de Sucesiones y Donaciones y también el de Transmisiones Patrimoniales, y resolvió anticipadamente dicho convenio alegando que tenía derecho a ello.
Los registradores decidieron entonces presentar una demanda contra la ATC por la vía contencioso-administrativa argumentando que la Generalitat no había cumplido con el convenio en vigor.
En septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimó en parte el recurso presentado por los registradores contra la resolución de la ATC respecto al desistimiento de ese convenio con fecha de 1 de septiembre de 2017.
A partir de ahí, los registradores han cuantificado en 1,26 millones los daños causados por el “incumplimiento contractual” y, en paralelo a esa reclamación judicial, 16 antiguos liquidadores piden una compensación por los honorarios pendientes de pago por servicios prestados hasta agosto de ese año a la ATC, ha explicado el decano.
Con todo, la mayor parte de los titulares de oficinas liquidadoras decidieron no pleitear contra la administración.
Más allá del conflicto por la resolución anticipada del convenio, que García-Hinojal no sabe cuándo puede acabarse de dirimir en los tribunales, la Generalitat pudo hacerse cargo de esos impuestos desde el 1 de septiembre gracias al personal que habían formado los registradores.
Y es que unos 280 oficiales que trabajaban en oficinas liquidadoras de los registradores pasaron a las oficinas de la ATC, ha recordado.
Aunque en pleno conflicto con la Generalitat los registradores alertaron en 2017 de que la recaudación podría caer entre 100 y 400 millones por el cambio en la gestión de estos impuestos, las cifras de recaudación de estos impuestos no se vieron afectadas, ya que en 2018, y con el ciclo económico a favor, la Generalitat recaudó un 11,3 % más por Sucesiones y Donaciones y un 4,4 % por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en comparación a 2017.
NUEVO CONVENIO PARA FACILITAR CONSULTAS A LA ATC
Con todo, García-Hinojal ha querido dejar claro que, pese a ese conflicto que se remonta a 2017, actualmente existe una buena relación con la Agència Tributària de Catalunya.
De hecho ha avanzado que los registradores están “a punto de cerrar” un convenio con la Generalitat para que la ATC pueda acceder a la publicidad registral de manera telemática, es decir, para que pueda disponer de forma más rápida y a menor coste de notas simples del registro, por ejemplo.
Este convenio, por tanto, facilitará a la ATC la gestión de procesos como el de los embargos, y los registradores también prevén suscribir otro convenio con los Mossos d’Esquadra para facilitar información sobre propiedades a la policía catalana.
