Santiago de Compostela, 15 sep (EFECOM).- Trabajadores de la empresa Xeal, denominada anteriormente Ferroatlántica, de las localidades coruñesas de Cee y Dumbría se manifestaron este jueves por las calles de Santiago de Compostela para reclamar que se cumpla los compromisos sobre las concesiones atribuidas de no separar las actividades energética e industrial.
Los empleados y miembros del sindicato CIG se concentraron ante la sede administrativa de la Xunta a fin de reclamar “transparencia” y pedir respeto a los compromisos contraídos para la concesión de sus actividades en Galicia.
Así lo indicó el presidente del comité de empresa de Xeal, Alfonso Mouzo, a un grupo de periodistas al inicio de la manifestación de hoy que, junto con otras movilizaciones previstas para los próximos días, están encaminadas a solicitar al Gobierno gallego que intervenga para “mantener la actividad industrial” en Galicia, estabilizar la plantilla y “actualizar el convenio colectivo” de los trabajadores.
Mouzo subrayó que pese a que la Xunta se comprometió a hacer respetar los compromisos de Ferroatlántica de no segregar la actividad de producción hidroeléctrica de la de fabricación de ferroaleaciones en Cee y Dumbría y que los tribunales rechazaron también las pretensiones de la empresa, los directivos hicieron “un especie de maquila” con la venta en 2019 de parte de sus activos al fondo estadounidense Sixth Street Partners e Ithaka.
La empresa está abandonando la actividad industrial de producción de ferroaleaciones en sus dos plantas de Cee y Dumbría, que todavía son parte de Ferroatlántica, y donde “antes había cinco hornos en marcha, ahora hay escasamente uno en cada fábrica, señaló el representante del comité de empresa.
Las fábricas, añadió Mouza, han pasado de tener en los últimos años 293 trabajadores a disponer ahora de “menos de 260” y la producción metalúrgica pueda ser trasladada a Francia, Sudáfrica o Venezuela, donde el grupo español Ferroglobe (matriz de Ferroatlántica) tiene instalaciones, lo que supondría incumplir los compromisos adquiridos de no segregar las actividades en Galicia.
En ese sentido, reprochó a los responsables del Gobierno gallego, que tiene competencias en ese ámbito, que “no pueden mirar hacia otro lado”, ya que hay riesgo de pérdida de puestos de trabajo, y denunció además una degradación de las condiciones laborales.
