Madrid (EFE).- La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, ha considerado hoy que, pese a las pérdidas económicas de este medio de comunicación, las perspectivas de las cuentas de EFE de 2023 son buenas por el proceso de transformación y diversificación emprendido, que ha permitido ya en 2022 cambiar la tendencia de caída de los ingresos.
En su comparecencia ante la comisión de Presupuestos del Congreso, Cañas ha insistido en la “infracompensación endémica” que sufre EFE, con una aportación del Estado muy inferior a la que reciben sus competidores como France Press, que percibe el doble del Estado francés con el mismo sistema de compensación de Servicio de Interés Económico General (SIEG).
EFE recibirá 48,1 millones de euros en los presupuestos de 2023, además de 5,8 millones en concepto de atrasos.
La partida de 48,1 millones es algo menor a la del año pasado debido a que en 2022 ha habido más ingresos a cuenta, ha explicado Cañas, que ha añadido que el tope siempre es el mismo, 53,9 millones de euros, cantidad que ha considerado insuficiente para la labor que la agencia hace en España y en el mundo.
La agencia elevará sus pérdidas hasta los 11 millones de euros al cierre del ejercicio, sobre todo por los gastos de personal y la revalorización del dolar frente al euro, aunque su presidenta ha destacado que los ingresos comerciales de la agencia crecerán en 2022 un 9,5 por ciento en el mercado internacional y un 2,1 por ciento en España.
Las perspectivas económicas de EFE en 2023 son buenas
Otro indicador del deseable cambio de tendencia en los resultados económicos de la empresa son, según Cañas, sus empresas participadas y, por ejemplo, EFEAgro ha entrado en beneficios tras unas pérdidas de 35.000 euros y EPA, de la que la agencia española es socio mayoritario, ha pasado de perder 1,5 millones de euros en 2020 a esperar un resultado positivo de 800.000 este año.
Las perspectivas son buenas, ha insistido Cañas gracias al proceso de diversificación de productos, renovación de perfiles y desarrollo tecnológico en el que está sumida en línea con el plan de viabilidad a cuatro años, que calcula que los primeros resultados positivos llegarán en 2025.
Este año está siendo crucial para el futuro de EFE, ha dicho la presidencia de la agencia, quien ha destacado el apoyo decidido del estado para el mantenimiento del empleo, con una tasa de reposición de las bajas y jubilaciones del cien por cien.
“En EFE -ha lamentado- andamos cortos de gente pero sus periodistas compiten con mucha altura”.
Gabriela Cañas ha destacado que tras la pérdida de 150 puestos de trabajo tras el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 2014, EFE ha conseguido mantener el empleo, algo que ha subrayado como absoluta prioridad de su gestión.
Sin medidas traumáticas para los trabajadores
En ese sentido ha descartado medidas traumáticas para el empleo en los planes de desvinculaciones voluntarias de la empresa previstas para trabajadores de más de 62 años y que están a la espera del visto bueno definitivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al Plan Estratégico de la Empresa.
Precisamente el retraso en la puesta en marcha de este plan ha sido objeto de las preguntas de los diputados de Vox, PP y PSOE, y al respecto Cañas ha explicado que el plan, diseñado a finales de 2019, tuvo que ser reformulado por la llegada de la pandemia.
Nuevas líneas de actuación
No obstante, la presidenta de EFE ha destacado que ya se está trabajando en líneas de actuación como la consolidación de EFEComunica, la creación del área audiovisual, la reorganización del área comercial en América, el impulso a EFEVerifica y la reasignación de espacios en la sede central de Madrid, que debe liberar hasta cuatro plantas del edificio.
Ante la petición de los representantes de PP y Vox en la comisión de un verdadero control parlamentario de la agencia, Cañas, tras recordar que comparecer o no en el Congreso no es una decisión de EFE, ha subrayado que la agencia si está sometida a un exhaustivo control público de la SEPI, la intervención general del Estado, el Tribunal de Cuentas y la comisión de seguimiento del SIEG.
